Este jueves, 24 de septiembre, se sientan en el banquillo cuatro personas —un matrimonio, su hija y el hermano de la víctima— acusadas de apropiarse durante años de la pensión de invalidez de una mujer y de utilizar presuntamente amenazas y violencia para mantener el cobro.
Según el relato del Ministerio Fiscal, el origen de los hechos estaría en una deuda económica que el hermano de la víctima había contraído con uno de los procesados. El supuesto acreedor habría acudido al domicilio de la mujer para exigirle que contribuyera al pago de esa deuda y, presuntamente, se habría apoderado de su cartilla bancaria.
A partir de 2013, el acusado, siempre según la Fiscalía, habría comenzado a cobrar la pensión de invalidez que percibía la mujer. El Ministerio Público sostiene además que los cuatro encausados actuaron de forma coordinada para intimidarla y amenazarla de muerte con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas y cuentas bancarias.
De esta forma, los acusados se habrían apropiado presuntamente de más de 53.600 euros procedentes de la pensión de la víctima. El cobro se habría prolongado hasta diciembre de 2022, cuando la Conselleria suspendió la prestación al no haberse presentado determinada documentación.
Pero la acusación sostiene que la historia no terminó ahí.
El 26 de diciembre de 2022, los procesados habrían localizado a la mujer en los alrededores de su domicilio, la habrían obligado a subir a un vehículo y, sin permitirle bajar, la habrían golpeado en la cara, los brazos y las piernas.
Según el Ministerio Fiscal, el objetivo de esta agresión habría sido conseguir que la víctima abandonara un supuesto trabajo que los acusados consideraban que había provocado que dejara de percibir la pensión.
La Fiscalía solicita inicialmente siete años de prisión para cada uno de los cuatro encausados por un delito de extorsión y otro delito relacionado con los hechos, a la espera de lo que determine el tribunal tras la celebración del juicio.
Los hechos descritos corresponden a la acusación del Ministerio Fiscal y deberán ser acreditados durante el procedimiento judicial.
