La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha presentado hoy un plan de trabajo exhaustivo para la comisión de investigación sobre la adjudicación de vivienda pública con el objetivo de conocer cómo se ha llegado a producir el escándalo de la adjudicación de viviendas a cargos del PP, familiares y funcionarios, que no puede quedar impune. “Esta comisión solo tiene sentido si sirve para conocer toda la verdad sobre los hechos, los procedimientos que se han seguido y las responsabilidades. Si Barcala pretende limitarla o vaciarla de contenido, estará confirmando que tiene más interés en protegerse a sí mismo que en esclarecer lo ocurrido”.
El plan de trabajo registrado por el grupo mayoritario de la oposición plantea una investigación en profundidad sobre la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la gestión del suelo público destinado a vivienda protegida. Para ello será fundamental una primera fase de análisis documental para garantizar el acceso a toda la documentación del expediente de Les Naus, incluidas las decisiones políticas y técnicas adoptadas en cada momento del procedimiento. De igual modo, es esencial una segunda fase con una serie de comparecencias técnicas y políticas para esclarecer qué ha ocurrido y por qué han fallado todos los controles necesarios para evitar el pelotazo registrado en Alicante.
La propuesta del grupo mayoritario de la oposición va más allá de la polémica adjudicación de pisos en el residenciales Les Naus y pretende ampliar el foco a todas las promociones de vivienda desde 2018, incluyendo actuaciones como la prevista en la calle Ceuta y el desarrollo del Plan Vive impulsado por Mazón y asumido por Pérez Llorca. “Lo que está en juego es si el suelo público se utiliza para garantizar el derecho a la vivienda o para favorecer intereses privados”, ha añadido.
En este sentido, los socialistas han solicitado acceso completo a todos los expedientes, informes técnicos, actas, comunicaciones internas y modificaciones contractuales relacionadas con las promociones investigadas; documentación que, en parte, Barcala ha negado a los grupos de la oposición para ejercer su derecho a la fiscalización. “Hemos pedido acceso total a la información, sin filtros ni cortapisas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber ningún problema en enseñarlo todo”, ha afirmado la portavoz.
Asimismo, el plan incluye la comparecencia de todos los actores implicados, tanto técnicos municipales como responsables políticos y representantes de las entidades adjudicatarias, incluyendo la de Barcala, que es el máximo responsable político del escándalo que ha sacudido Alicante.
Por último, el Grupo Municipal Socialista ha puesto el foco en la necesidad de analizar el control real del uso de la vivienda pública, evaluando el cumplimiento de las condiciones de las viviendas protegidas, su ocupación efectiva y posibles desviaciones del interés público.
Barceló ha concluido señalando que esta comisión debe marcar “un antes y un después” en la gestión municipal de vivienda para garantizar que el suelo público cumpla su función social “con transparencia, legalidad e igualdad de oportunidades”.
