La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha reclamado a la Generalitat Valenciana y al equipo de gobierno de Alicante que intervengan para frenar los asentamientos ilegales que proliferan sin control por las partidas rurales de Alicante, ubicados muchos de ellos en terrenos inundables de zonas como la Canyada del Fenollar, el Moralet, Fontcalent o el Verdegás .
“Al margen de las ilegalidades urbanísticas que se hayan cometido, nos preocupa la seguridad de las familias que viven en estos asentamientos y la seguridad de los vecinos que habitan en las inmediaciones, que pueden sufrir las consecuencias de estar rodeados de viviendas fuera de ordenación. Nuestra inquietud aumenta a raíz de la tragedia registrada en Valencia. Hablamos de asentamientos que se encuentran en zonas inundables y la situación de peligro podría ser extrema ante un evento climatológico como el registrado la pasada semana”.
El Grupo Socialista solicita al alcalde de Alicante y a la Generalitat Valenciana que actúen para frenar las infraviviendas en terrenos inundables de las partidas rurales, que continúan proliferando al margen de la legalidad
Vecinos de la Canyada del Fenollar grabaron ayer mismo vídeos que demuestran que se continúan instalando casas prefabricadas en estos asentamientos ilegales. El problema, lejos de erradicarse, continúa. Barceló ha recordado que el Grupo Socialista había registrado una iniciativa para que el Ayuntamiento reclamara a la Generalitat que se empleen los recursos necesarios para garantizar el control y la aplicación urbanística y medioambiental; y para que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio cuente con medios suficientes para abordar esta grave situación. Se trata de una iniciativa que no fue debatida en el pleno del pasado martes tras acordar la retirada de todos los puntos de los grupos municipales para evitar la confrontación en un escenario de dolor y complejidad por las consecuencias de la DANA en Valencia. No obstante, la portavoz socialista ha defendido que el gobierno de Luis Barcala (PP) y la Generalitat Valenciana deben de ocuparse de esta situación.
“Es especialmente grave que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, creada por el Botánic para frenar y controlar estas prácticas, esta desde hace tiempo colapsada por los recortes de Mazón, mientras Barcala sigue instalado en la pasividad. Les exigimos que controlen de una vez la proliferación de infraviviendas y que pongan los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, también en nuestras partidas rurales. No permitamos que se siga poniendo en riesgo la integridad de cientos de familias alicantinas”, ha añadido Barceló.
El concejal socialista Raúl Ruiz ha señalado que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana (LOTUP) y el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) establecen un marco claro que protege la adecuada utilización del suelo rústico y limita las parcelaciones y la construcción de viviendas e infraviviendas en zonas que pueden representar un serio riesgo para la integridad de los infractores. Sin embargo, “esta normativa ha sido ignorada en múltiples ocasiones permitiendo que especuladores se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchas familias, que en medio de un mercado de vivienda salvaje como el de Alicante han buscado una solución habitacional en terrenos que no cumplen las más mínimas garantías y que suponen un riesgo para los residentes”, añade el concejal.
