Cuatro personas se sientan desde este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sección Séptima de Elche, por presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos municipales para organizar y gestionar los Juegos Deportivos Interescolares de Crevillent entre los años 2014 y 2018.
Entre los acusados figuran dos exconcejales de Deportes del Ayuntamiento de Crevillent, el coordinador municipal de esta área y el hijo de este último, administrador de una empresa especializada en actividades deportivas que resultó beneficiaria de los contratos investigados.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los responsables políticos y el coordinador municipal habrían realizado las actuaciones necesarias para favorecer la adjudicación del servicio a la empresa gestionada por el hijo de este último.
La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir delitos continuados de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, además de un delito de fraude.
Las penas solicitadas son de tres años y tres meses de prisión para cada uno de los dos exconcejales, junto con doce años y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público.
Para el antiguo coordinador municipal de Deportes, el Ministerio Público reclama cinco años de cárcel y catorce años de inhabilitación. En el caso del empresario, solicita tres años y ocho meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público.
La vista oral comienza a las nueve y media de la mañana de este jueves y continuará el viernes 30 de octubre, así como los días 5 y 6 de noviembre.
El juicio deberá esclarecer si la contratación del servicio municipal de juegos deportivos escolares se desarrolló conforme a la legalidad o si, como sostiene la acusación pública, se utilizaron los procedimientos administrativos para beneficiar a una empresa vinculada familiarmente al responsable municipal del área.
Los hechos se encuentran pendientes de enjuiciamiento y las penas solicitadas por la Fiscalía no constituyen una condena. Será el tribunal el que determine las responsabilidades penales de los cuatro acusados.
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