El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha vuelto a descartar este miércoles su dimisión tras el escándalo por las adjudicaciones irregulares de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Residencial Les Naus, ubicada en la playa de San Juan, a pesar de que la oposición exige su renuncia de forma unánime.
En declaraciones a los medios, Barcala ha defendido que su labor al frente del Ayuntamiento sigue centrada en la gestión de la ciudad y en la ejecución del presupuesto municipal. «Estoy trabajando por y para Alicante», ha repetido, recalcando que seguirá al frente del gobierno local y que no contempla dejar el cargo en este momento.
La oposición plantea una moción de reprobación
PSPV, Compromís y EU-Podem han registrado una iniciativa conjunta para que el próximo pleno —previsto para el 26 de febrero— debata una moción de reprobación y exija la dimisión del alcalde, al que acusan de ser el “máximo responsable político” de lo ocurrido en Les Naus. También Vox, que hasta ahora había sido socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, se ha sumado a la petición de dimisión, rompiendo el equilibrio político que sostenía la mayoría municipal.
Además de las críticas por dimisión, los partidos de izquierda han reclamado la convocatoria inmediata de la comisión municipal aprobada para investigar las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas.
Investigación judicial y nuevas revelaciones
El caso ha escalado más allá del plano político: una jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante ha abierto diligencias para investigar las presuntas irregularidades, incluidas posibles prácticas de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la adjudicación de VPP a cargos y familiares vinculados al entorno del PP provincial, entre ellos ex miembros del Ayuntamiento que ya han dimitido.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha confirmado que al cruzar los listados de adjudicatarios con registros oficiales han surgido “más nombres conocidos” que podrían estar implicados en la polémica, aunque el equipo de gobierno no ha desvelado identidades para respetar la presunción de inocencia.
Medidas municipales y posicionamientos autonómicos
En respuesta al escándalo, el gobierno local ha aprobado medidas para prohibir a concejales, cargos y asesores municipales el acceso a promociones de vivienda protegida, intentando reforzar la transparencia en futuros procesos.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, también ha salido en defensa del alcalde y ha asegurado que la polémica no afectará la relación entre el PP y Vox en Les Corts Valencianes, a pesar de las tensiones generadas por el caso.
Barcala insiste en separar responsabilidades
Barcala ha tratado de deslindar al Ayuntamiento de la gestión directa del proceso de adjudicación, señalando que la concesión de las viviendas correspondía a la cooperativa promotora y que la supervisión administrativa era responsabilidad autonómica. No obstante, la cesión del suelo sobre el que se construyó Les Naus era municipal, lo que ha intensificado las críticas por falta de vigilancia política.