El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto este lunes a disposición del juzgado que instruye el caso de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus de la Playa de San Juan toda la documentación y apoyo que pueda aportar “para liderar la investigación” de posibles irregularidades en la adjudicación de estos pisos públicos, según ha asegurado en una comparecencia ante los medios.
Barcala ha reiterado que está “a disposición de la jueza” y ha defendido la colaboración del Ayuntamiento con la investigación judicial, que se abrió tras la presentación de varias denuncias por presunta prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el reparto de 140 VPP en la promoción Les Naus y que ha acabado trasladando la documentación remitida por el consistorio a la Fiscalía y a la UDEF para su análisis más profundo.
Conocer a adjudicatarios no es sinónimo de sospecha, según Barcala
En su intervención, Barcala ha subrayado que “el mero hecho de conocer a alguien que pueda ser adjudicatario de una VPP no convierte a nadie en sospechoso” y ha defendido ese principio ante las críticas y cuestionamientos públicos, especialmente en relación a posibles vínculos entre personas adjudicatarias y dirigentes o miembros del equipo de gobierno local.
Este argumento lo ha puesto de manifiesto en respuesta a las dudas surgidas sobre posibles relaciones, por ejemplo, entre adjudicatarios y cargos del Ayuntamiento, como en el caso de la concejala de Hacienda, Nayma Bedjilali, y otras personas vinculadas a la gestión municipal.
La polémica entorno a estas adjudicaciones saltó a la luz pública después de que informes policiales revelaran asignaciones de viviendas a personas que no cumplían con los requisitos legales de empadronamiento o de ingresos, además de adjudicaciones a miembros de una misma familia o a personas vinculadas a funcionarios municipales, lo que ha aumentado las sospechas de falta de control en los procesos de selección.
Comisión de investigación y presión política
Mientras tanto, en el ámbito parlamentario, Les Corts Valencianes aprobó esta semana la creación de una comisión de investigación sobre este caso, promovida por Vox y respaldada por el PP y Compromís, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en estas casas protegidas, así como en otras promociones realizadas durante la presente legislatura.
El comité tendrá hasta doce meses para elaborar sus conclusiones y proponer mejoras en los procedimientos de adjudicación para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
Foco mediático y responsabilidad institucional
El caso de Les Naus ha generado ya diversas consecuencias políticas y administrativas: desde la dimisión de cargos municipales y autonómicos vinculados a adjudicatarios hasta el relevo de personal técnico en las comisiones de control del Plan Vive en Alicante.
Barcala, por su parte, ha defendido que el Ayuntamiento “cumplió con la legalidad vigente” en la adjudicación, pero también ha señalado que corresponde a los tribunales determinar si se produjeron irregularidades y en qué grado. Con estas declaraciones, el primer edil busca poner fin a las acusaciones de falta de transparencia y mostrar una postura colaborativa con la justicia, en un momento en que la administración local está bajo fuerte presión política y mediática.
