El escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante entra en una nueva fase judicial. La magistrada instructora del caso ha citado a declarar como investigadas a un total de quince personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de estos inmuebles, según ha avanzado este miércoles el Diario Información.
Entre los imputados figuran perfiles políticos, técnicos y administrativos vinculados tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Generalitat Valenciana, así como una decena de propietarios de viviendas de la urbanización situada en La Condomina.
Cargos públicos y técnicos bajo sospecha
Entre los nombres más destacados se encuentra la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien dimitió tras conocerse que había resultado adjudicataria de una vivienda protegida en el residencial. Según la investigación, posteriormente permutó ese inmueble por otro perteneciente a su suegro, también citado ahora como investigado.
Asimismo, la causa alcanza a la exdirectora general y jefa de Contratación municipal, María Pérez-Hickman, quien dejó su cargo tras revelarse que familiares directos suyos eran propietarios en Les Naus.
La lista de investigados incluye también a dos arquitectos municipales, al gerente de la empresa gestora de la cooperativa promotora y a un funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de validar los visados de las 140 viviendas, entre ellas una propiedad de su entorno familiar.
Delitos investigados
La causa se instruye por presuntos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley. No obstante, tanto el listado de imputados como la calificación jurídica podrían modificarse conforme avance la investigación.
Las diligencias han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, mientras que en el procedimiento están personadas varias acusaciones populares, entre ellas PSOE, Ciudadanos y el sindicato Manos Limpias.
Dos tandas de declaraciones
Las comparecencias judiciales se desarrollarán en dos fases. La primera está prevista para el 20 de mayo, cuando declararán los principales investigados vinculados a la gestión administrativa y técnica del proyecto.
Posteriormente, el 5 de junio, comparecerán otros diez investigados, todos ellos adjudicatarios de viviendas protegidas que, según un informe remitido por la Conselleria de Vivienda al juzgado, no cumplirían los requisitos exigidos.
Irregularidades en los requisitos
El informe autonómico señala diversas irregularidades, como la falta de acreditación de ingresos familiares, la omisión de propiedades previas o la superación de los límites económicos establecidos para acceder a vivienda protegida.
En algunos casos, los adjudicatarios disponían del pleno dominio de otras viviendas, circunstancia incompatible con este tipo de ayudas públicas. En otros, no se aportó documentación clave sobre la situación económica de la unidad familiar.
Especial atención recibe el caso de una adjudicataria con ingresos en el extranjero superiores a 57.000 euros anuales o el de la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, que tampoco habría justificado adecuadamente su situación patrimonial.
Testigos clave
Antes de estas comparecencias, el próximo 8 de mayo declararán como testigos varios funcionarios de la Conselleria que elaboraron el informe sobre las irregularidades.
Ese mismo día también comparecerán responsables municipales, entre ellos la jefa de Patrimonio, quien fue la primera en alertar de posibles anomalías en las adjudicaciones, así como otros técnicos implicados en la tramitación del expediente.
Un caso con repercusión política
El caso Les Naus ha tenido un fuerte impacto político en Alicante desde que salieron a la luz las primeras informaciones, provocando dimisiones y tensiones entre partidos. La investigación judicial busca ahora esclarecer si existió trato de favor o vulneración de la normativa en el acceso a estas viviendas protegidas.
