El enfrentamiento político en torno al caso de las viviendas protegidas de Les Naus ha escalado un peldaño más. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, han remitido un requerimiento notarial al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, exigiéndole que rectifique sus declaraciones públicas sobre la polémica adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus.
Según ha explicado el propio Mas este martes en comparecencia ante los medios, el documento le fue entregado en su domicilio particular por un notario, otorgándole un plazo de dos días para retractarse, pedir disculpas y abstenerse de realizar nuevas manifestaciones en relación con el caso. El edil ha calificado el gesto como una “amenaza firme de denuncia” por parte de los responsables del gobierno local.
El conflicto se enmarca en la controversia surgida tras la adjudicación de viviendas de protección pública en Les Naus, un asunto que saltó a la luz a finales de enero tras informaciones periodísticas y que, según diversas publicaciones, se encuentra bajo investigación judicial. Desde entonces, la oposición ha intensificado sus críticas a la gestión del equipo de gobierno municipal.
En su intervención, Mas ha rechazado tajantemente rectificar sus palabras y ha defendido que sus declaraciones se refieren a “responsabilidades políticas”. “No vamos a retirar nada”, afirmó, insistiendo en que seguirá denunciando lo que considera “el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de los últimos años en Alicante y en España”.
El portavoz de Compromís también ha cuestionado cómo los remitentes del requerimiento obtuvieron su dirección personal, calificando este hecho como “extremadamente sensible” y sugiriendo la posibilidad de un uso indebido de datos. “Han traspasado una línea roja”, aseguró.
El texto notarial exige la rectificación de diversas afirmaciones realizadas tanto en plenos municipales como en medios y redes sociales, entre ellas aquellas en las que Mas señalaba al alcalde como “responsable directo e indirecto” del caso o reclamaba su colaboración con la investigación. Asimismo, se le insta a retirar expresiones relacionadas con la existencia de una “trama” o con un supuesto uso irregular de suelo público.
Desde el equipo de gobierno no se ha producido, por el momento, una valoración pública detallada del requerimiento, aunque fuentes municipales insisten en que se trata de una defensa ante acusaciones que consideran “infundadas y perjudiciales”.
El episodio añade tensión a un caso que continúa generando debate político y social en la ciudad, en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y la creciente demanda de transparencia en la gestión de recursos públicos.
