El Ayuntamiento de Alicante ha advertido del “colapso extraordinario” que están sufriendo los servicios sociales municipales ante el aluvión de solicitudes relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España.
Los portavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, han señalado que más de 3.000 personas han acudido ya a los centros sociales de la ciudad para solicitar el certificado de vulnerabilidad, un documento necesario en determinados casos para acceder a este procedimiento. Esta elevada demanda está generando una fuerte presión sobre el personal municipal, que, según denuncian, no cuenta con los medios suficientes para atender la situación.
El consistorio alicantino critica que el Ejecutivo central haya puesto en marcha este proceso sin dotar a los ayuntamientos de recursos adicionales ni de instrucciones claras, una queja que comparten otras administraciones locales. En ciudades como València, el propio Ayuntamiento ha anunciado la contratación urgente de refuerzos ante la sobrecarga administrativa, denunciando también la falta de financiación estatal para asumir estas competencias .
El proceso de regularización, activo hasta el 30 de junio, permite a personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización temporal de residencia y trabajo si cumplen determinados requisitos, entre ellos acreditar arraigo, vínculos familiares o, en algunos casos, una situación de vulnerabilidad social . Sin embargo, expertos y entidades sociales advierten de que este último requisito solo es necesario en situaciones concretas, aunque muchas personas lo solicitan “por si acaso”, lo que está contribuyendo a saturar los servicios públicos .
La presión sobre las administraciones locales no es un caso aislado. En distintos municipios españoles se han registrado incrementos significativos en la demanda de trámites, con servicios municipales desbordados y críticas por la falta de coordinación institucional .
En este contexto, desde el Ayuntamiento de Alicante reclaman al Gobierno central una respuesta urgente que incluya financiación, refuerzo de personal y mayor claridad en los criterios del procedimiento, con el fin de evitar que la situación siga deteriorándose y garantizar una atención adecuada tanto a los solicitantes como a la ciudadanía en general.
