El presidente de Facpyme y de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha comparecido este miércoles, a petición propia, ante la comisión de investigación de la Diputación de Alicante que analiza la gestión de los Bonos Comercio correspondientes a los años 2022 y 2023. Durante una extensa intervención, Baño ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas por la patronal del comercio y ha negado de forma tajante cualquier enriquecimiento personal o desvío de fondos públicos.
La comparecencia se produce en plena investigación judicial abierta tras una denuncia anónima presentada ante la Policía Nacional y en el marco de las diligencias que instruye el juzgado número 4 de Alicante por presuntos delitos relacionados con fraude en subvenciones y falsedad documental. Baño es, hasta el momento, el único investigado en la causa, y defiende su honorabilidad en la gestión y su transparencia en la comunicación de la misma, por lo que ha comparecido de manera voluntaria y a petición propia en esta comisión.
“Comparezco con respeto a esta institución, a los ayuntamientos, a los comerciantes y, especialmente, a la autoridad judicial”, afirmó al inicio de su intervención, en la que insistió en que acudía “para dar explicaciones y contar toda la verdad sobre la gestión realizada”.
Defensa del modelo de gestión
El dirigente empresarial sostiene que el programa de Bonos Comercio “fue una respuesta a una necesidad real” para ayudar al comercio de proximidad durante la pandemia y defendió que las campañas permitieron reactivar la economía local en numerosos municipios de la provincia.
Baño ha subrayado que ni él ni su entorno personal obtuvieron beneficios económicos del programa. “No me he enriquecido personalmente con el Bono Comercio. Ni yo, ni mi familia, ni mis compañeros de la Junta Directiva de Facpyme”, ha matizado.
En su exposición, estructurada en varios bloques argumentales, Carlos Baño ha defendido la legalidad de que una asociación sin ánimo de lucro desarrolle actividad económica vinculada a sus fines y recordó que la legislación contempla la figura de las entidades colaboradoras en programas subvencionados.
Asimismo, ha justificado la creación de la sociedad Nexo Retail Alicante SL, propiedad íntegra de Facpyme, como “una herramienta operativa” destinada a profesionalizar y gestionar una campaña compleja desarrollada simultáneamente en numerosos municipios.
Baño niega además la existencia de facturas falsas o trabajos inexistentes y reclama que la investigación se sustente “en documentos, pruebas periciales y criterios técnicos, no en sospechas ni titulares de prensa”.
Críticas a la comisión política
Durante su comparecencia, el presidente de Facpyme también ha lamentado que se esté utilizando el caso con fines políticos y reivindica que se le aplique la presunción de inocencia, ya que algunos grupos políticos y editoriales no lo contemplan.
“No se puede sustituir la investigación judicial por una comisión política ni por un juicio público”, ha manifestado Baño, insistiendo en que una persona investigada “no es una persona culpable”.
Baño asegura tener “la conciencia muy tranquila” y defiede el papel histórico de Facpyme como entidad representativa del pequeño comercio alicantino desde su creación en 1984.
Sin preguntas por recomendación jurídica
Aunque ha comparecido voluntariamente ante la comisión, Carlos Baño ha anunciado que no respondería a las preguntas de los grupos políticos por recomendación de sus abogados, dado que todavía no ha declarado ante el juzgado instructor del caso y con la intención de no entrar en el juego político en que ha desembarcado este asunto, para no someterse a la «cacería» que algunos sectores mediáticos le han preparado.
“Mi lugar para declarar sobre los hechos investigados es el juzgado”, ha afirmado, señalando que allí podrá ejercer plenamente su derecho de defensa y aportar la documentación pertinente.
La comisión de investigación del Bono Comercio fue impulsada tras la detención policial de Baño el pasado mes de marzo y cuenta con representación de PP, PSOE, Vox y Compromís. La oposición ha reclamado también la comparecencia del expresidente de la Diputación y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque el Partido Popular rechaza inicialmente esa posibilidad.
El caso investiga la gestión de millones de euros destinados a los bonos de consumo en una veintena de municipios alicantinos durante los años posteriores a la pandemia, unos bonos que sirvieron para dar ‘oxígeno’ a los pequeños comercios de la provincia de Alicante y a los consumidores, ya que financiaban parte de las compras efectuadas en el comercio de proximidad.
