El alcalde de Alicante, el ‘popular’ Luis Barcala, ha exigido una reforma integral de la normativa que regula el acceso a la vivienda social a raíz del escándalo suscitado por la reciente adjudicación de varios pisos de protección pública en la zona de Playa de San Juan. El primer edil ha asegurado estar “convencido de que esta petición será atendida tanto por la Generalitat Valenciana como por el Gobierno de España” y ha enfatizado que el caso se tratará con “máxima contundencia para depurar responsabilidades, caiga quien caiga, sea lo que sea”.
La petición del alcalde se produjo este viernes en una comparecencia ante los medios, convocada tras el estallido de la polémica en torno a la adjudicación de viviendas de la promoción Residencial Les Naus, la primera de vivienda pública en Alicante en los últimos veinte años.
Dimisiones y gestión municipal
La crisis política en el Ayuntamiento ha derivado ya en dos dimisiones de altos cargos. El pasado viernes renunció María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, tras publicarse que dos de sus hijos y un sobrino figuran como adjudicatarios de viviendas de protección oficial.
Este viernes también ha anunciado su dimisión Rocío Gómez, concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante. Gómez, que actualmente se encuentra de baja por maternidad, era una de las adjudicatarias de un inmueble de protección pública en esta promoción social y ha optado por apartarse de su cargo para que la investigación continúe “sin interferencias de ningún tipo”, según ha argumentado ante los medios.
Investigación abierta y control autonómico
El propio Barcala ordenó la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación y ha prometido trasladar a la Fiscalía cualquier indicio que así lo requiera.
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha anunciado una doble verificación de los expedientes de adjudicación para confirmar que no hubo manipulación en los procedimientos y ha señalado que la responsabilidad de la supervisión recae, en gran medida, en los mecanismos de control establecidos por la normativa vigente.
Reacciones políticas y sociales
El caso ha encendido el debate político en Alicante. PSPV y Compromís han considerado que las dimisiones «no son suficientes» y han exigido explicaciones públicas detalladas sobre el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas, además de solicitar un pleno monográfico para abordar el escándalo.
Asimismo, desde colectivos sociales como el Sindicat de Barri de Carolines se ha criticado duramente la gestión de la vivienda pública en la ciudad, acusando al Partido Popular de favorecer intereses privados en medio de una emergencia habitacional que deja a miles de familias en listas de espera.
Un problema estructural de acceso a la vivienda
La polémica ha reabierto el debate sobre la transparencia y los criterios de asignación de vivienda pública, así como sobre la necesidad de actualizar un sistema que muchos partidos y organizaciones sociales consideran insuficiente para responder a la realidad de la demanda habitacional en Alicante. Con colas de solicitudes que superan con creces el número de inmuebles disponibles, la ciudad afronta una presión creciente sobre los recursos de vivienda social en un contexto de encarecimiento generalizado del mercado residencial.
