Residencial Les Naus Viviendas protección pública Playa San Juan (2)
El Residencial Les Naus se presentó como una oportunidad de acceso a vivienda pública en una ciudad con más de 2.000 familias en lista de espera

En la polémica urbanización de vivienda protegida Residencial Les Naus de Playa de San Juan, han emergido nuevos nombres implicados que cuestionan aún más la transparencia del proceso de adjudicación de 140 viviendas distribuidas en tres bloques con zonas comunes como piscina, gimnasio, pistas deportivas y áreas infantiles.

Aunque en cualquier promoción de estas dimensiones muchos residentes se reconocerían con el tiempo, lo que podría parecer una convivencia habitual entre vecinos ha derivado en un escándalo político que pone en duda cómo se asignaron las llaves de estos pisos valorados en más de 200.000 € en una de las zonas más codiciadas de la ciudad.

Dimisiones y nombres implicados

La polémica ha provocado la dimisión de dos altos cargos del Ayuntamiento de Alicante. La primera en presentar su renuncia fue María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, después de que trascendiera que dos de sus hijos y un sobrino resultaron adjudicatarios de viviendas en esta promoción.

A esta renuncia se sumó la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien también figura como beneficiaria de una de las viviendas y ha decidido apartarse de su cargo. Gómez, que se encontraba de baja por maternidad, ha subrayado que su decisión busca “no interferir en la investigación en curso”.

Además, entre los adjudicatarios también figura un arquitecto municipal, cuyo vínculo con el proceso ha encendido aún más las alarmas sobre posibles irregularidades administrativas.

Más nombres conocidos: Una urbanización muy bien avenida

Según publica el Diario Información, entre sus vecinos hay más de una decena de apellidos completos coincidentes. Entre ellos, los López Godoy (que son tres), así como los Arenas Lorente (dos), los Cerdán Fábregat, los Sánchez Belmonte, los Mira Lillo, los Arenas Carabal, los Pastor Escámez y los Izaguirre Carbonell, un apellido, el primero, muy conocido para todos los residentes, al ser el mismo que el del notario de la promoción.

Pero hay más. También están los ya conocidos Pérez-Hickman, que, con vitola de propietarios, son tres: dos Lloret Pérez-Hickman, que son los hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que volverá al cargo que desempeñaba, jefa del área Contratación…

Reacciones políticas y procesos de investigación

El escándalo ha generado críticas unánimes de la oposición, que considera que la adjudicación no solo careció de transparencia sino que pudo estar influida por conexiones internas del Ayuntamiento. Formaciones como PSOE, Compromís, Vox y SUMAR han solicitado tanto un pleno monográfico en el consistorio como la remisión de toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Valenciana Antifraude para esclarecer posibles delitos o favoritismos.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para determinar si existieron irregularidades en la tramitación y adjudicación, comprometiéndose a llevar el caso ante la Fiscalía si se detecta “la menor sospecha”. También ha defendido que todas las adjudicaciones cumplían con los requisitos formales, aunque ha emplazado a que sea la investigación interna y judicial la que dictamine.

Contexto de la promoción y la polémica

El Residencial Les Naus se presentó como una oportunidad de acceso a vivienda pública en una ciudad con más de 2.000 familias en lista de espera, en un momento en el que la crisis de vivienda en Alicante es percibida como grave por buena parte de la población.

Sin embargo, el hecho de que personas vinculadas al propio Ayuntamiento hayan resultado beneficiarias —en un proyecto cuya adjudicación no fue pública ni transparente— ha desatado un profundo malestar entre grupos sociales, partidos políticos y vecinos que ven cómo la gestión de la vivienda pública puede estar afectada por intereses particulares.

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