El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado la contratación de una operación de crédito a largo plazo por 6.941.278,75 euros para financiar distintas inversiones municipales, pese a disponer de 176,8 millones de euros de remanente de tesorería en sus cuentas. La decisión ha reabierto el debate político sobre la gestión económica del consistorio, con el equipo de gobierno responsabilizando al Ejecutivo central de impedir el uso de esos fondos y la oposición cuestionando la capacidad del PP para ejecutar las inversiones previstas.
Tras la Junta de Gobierno Local, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, lamentó que la falta de aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado impida destinar el remanente a inversiones financieramente sostenibles, como ocurrió en ejercicios anteriores.
Según explicó, el Ayuntamiento se ve obligado a mantener inmovilizados más de 176 millones de euros mientras necesita recurrir al endeudamiento para ejecutar actuaciones consideradas prioritarias para la ciudad.
«Nos sentimos constreñidos por la normativa estatal», afirmó Villar, quien criticó que los ayuntamientos tengan que retener importantes cantidades de dinero sin poder utilizarlas y, al mismo tiempo, solicitar préstamos para acometer nuevas inversiones.
Inversiones previstas
El préstamo permitirá financiar diversas actuaciones incluidas en los presupuestos municipales, entre ellas la nueva Jefatura de la Policía Local en Playa de San Juan, la reparación de las torres del Ayuntamiento, mejoras en el mercadillo de Teulada, actuaciones del Patronato Municipal de la Vivienda, renovación de señalización viaria, equipamiento para bibliotecas, instalaciones deportivas y otros proyectos de mejora urbana.
Desde la Concejalía de Hacienda se defiende que la operación resulta viable gracias a la buena situación financiera del Ayuntamiento y a unos niveles de endeudamiento considerados bajos, lo que permite acudir al crédito sin comprometer la estabilidad económica municipal. Además, el consistorio sostiene que aprovechar las actuales condiciones del mercado financiero ofrece una vía para mantener el ritmo inversor mientras persistan las limitaciones derivadas de las reglas fiscales estatales.
Compromís habla de «pésima gestión económica»
La explicación del gobierno local no convence a la oposición. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que el recurso al préstamo responde a una deficiente gestión presupuestaria del ejecutivo de Luis Barcala y no únicamente a las restricciones legales sobre los remanentes.
Mas sostiene que el Ayuntamiento no ejecutó correctamente el presupuesto del pasado ejercicio, permitiendo que numerosos proyectos quedaran sin realizar mientras el dinero permanecía inmovilizado en las cuentas municipales. A su juicio, una mayor capacidad de gestión habría evitado que parte de esas inversiones quedaran pendientes y ahora fuera necesario recurrir al endeudamiento.
Las críticas coinciden con las realizadas también por el PSOE, que recientemente denunció que el Ayuntamiento dejó sin ejecutar 56,7 millones de euros en inversiones previstas durante 2025, con una ejecución de alrededor del 40 % de las inversiones presupuestadas, pese a cerrar el ejercicio con un superávit superior a 65 millones y un remanente de tesorería de 176,8 millones de euros.
Un debate recurrente
La imposibilidad de utilizar libremente los remanentes municipales se ha convertido en uno de los principales argumentos del equipo de gobierno de Alicante durante los últimos años. El Ejecutivo local sostiene que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado mantiene vigentes las restricciones derivadas de la normativa fiscal, limitando el destino que puede darse al superávit y al remanente de tesorería.
Mientras tanto, la oposición insiste en que el verdadero problema radica en la baja ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, que provoca que numerosas inversiones previstas no lleguen a materializarse, generando importantes remanentes que posteriormente no pueden utilizarse con libertad.
La nueva operación de crédito vuelve así a situar en el centro del debate dos visiones contrapuestas sobre la gestión económica municipal: la del gobierno de Luis Barcala, que atribuye la situación a las limitaciones impuestas desde el Estado, y la de la oposición, que considera que la acumulación de remanentes evidencia una planificación y ejecución insuficientes de las inversiones públicas.
