La educación pública valenciana vuelve a las calles. Docentes, familias, representantes de entidades cívicas y organizaciones sindicales han participado este sábado por la tarde en manifestaciones convocadas de forma simultánea en Alicante, València y Castellón para reclamar «la dignidad de la escuela pública» y advertir a la Generalitat de que el conflicto educativo sigue abierto.
Bajo el lema ‘Per la dignitat de l’Escola Pública. La lluita continua’, las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma per l’Ensenyament Públic y han servido para reactivar las protestas después de la huelga indefinida que el sector mantuvo durante semanas el pasado curso.
En Alicante, la marcha ha partido a las 18.00 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan y ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la Explanada. El recorrido ha pasado por puntos como la plaza de los Luceros, Alfonso el Sabio y la Rambla. En València, la manifestación ha arrancado desde la plaza de San Agustín y ha concluido en la plaza del Ayuntamiento, mientras que en Castellón la movilización ha tenido como punto de salida y llegada la plaza de Les Aules.
La protesta valenciana ha tenido uno de sus principales focos de tensión en la figura de la consellera de Educación, Carmen Ortí. En la cabeza de la manifestación se ha exhibido una pancarta con el mensaje «Consellera dimissió!», mientras los participantes coreaban también consignas reclamando más recursos para los centros educativos.
Las camisetas verdes y los chalecos fluorescentes han vuelto a convertirse en la imagen de una movilización que ha llenado durante la tarde las calles del centro de València. Entre las pancartas se han podido leer mensajes como ‘Por la escuela pública, más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad’, ‘La lengua no se toca’ o ‘Sin recursos no hay educación’.
Más inversión, menos alumnos por aula y mejoras salariales
Entre las principales reivindicaciones planteadas por los convocantes figuran el aumento de las plantillas, la reducción de las ratios de alumnos por aula, la mejora de las infraestructuras y la climatización de los centros, además de nuevas mejoras en las condiciones laborales del profesorado. Los sindicatos también reclaman que se retomen las negociaciones con la Conselleria de Educación.
La cuestión salarial continúa siendo uno de los puntos de fricción. El Consell aprobó esta misma semana el incremento retributivo pactado con ANPE y CSIF, que contempla una subida progresiva de 200 euros brutos mensuales en el complemento específico autonómico: 75 euros desde septiembre de 2026, otros 75 euros en enero de 2027 y los 50 restantes en enero de 2028. El acuerdo incluye además seis días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.
Sin embargo, sindicatos como STEPV, CCOO y UGT consideran insuficiente este acuerdo y mantienen abiertas sus reivindicaciones, especialmente en materia de ratios, plantillas, poder adquisitivo y condiciones de trabajo. La propia Plataforma ha advertido de que las movilizaciones podrían continuar si no se producen avances en la negociación.
El valenciano, otro de los ejes de la protesta
La defensa de una mayor presencia del valenciano en la enseñanza pública también ha tenido un papel destacado en la movilización. Buena parte de las pancartas y consignas se han expresado en esta lengua, con mensajes en defensa de la escuela valenciana y contra cualquier modificación que, a juicio de los convocantes, pueda reducir su presencia en las aulas.
Este punto enlaza con uno de los principales debates políticos del actual curso escolar: la política de libertad de elección de lengua impulsada por el Consell de Juanfran Pérez Llorca, que ha enfrentado al Gobierno valenciano con organizaciones sindicales y entidades vinculadas a la defensa del valenciano.
A las reivindicaciones laborales y lingüísticas se suman las críticas a determinadas medidas de la Conselleria relacionadas con la neutralidad ideológica y el papel de la inspección educativa, una cuestión que los sindicatos consideran una intromisión en la actividad de los centros.
La Generalitat defiende sus medidas y acusa a los convocantes de politizar el conflicto
Frente a las críticas, el Gobierno valenciano defiende las medidas adoptadas durante los últimos meses y sostiene que existe voluntad de diálogo con el sector educativo.
La Conselleria recuerda, entre otras actuaciones, el incremento salarial acordado, el refuerzo de las plantillas y las inversiones previstas en infraestructuras educativas. El inicio del curso 2026-2027 se ha producido con alrededor de 808.700 alumnos y 84.000 docentes, mientras la Generalitat ha anunciado inversiones de 1.410 millones de euros en nuevas infraestructuras y 14 nuevos centros educativos.
El Ejecutivo autonómico considera además que parte de las reivindicaciones planteadas en las movilizaciones responden a una agenda política de la izquierda y ha acusado a los convocantes de mantener una protesta politizada, frente a la posición de la Generalitat, que defiende que se están adoptando medidas concretas para mejorar el sistema educativo.
El enfrentamiento entre ambas partes, por tanto, continúa abierto. La Plataforma per l’Ensenyament Públic insiste en que «la lucha continúa» y los sindicatos no descartan nuevas movilizaciones e incluso recuperar la huelga si no se retoman unas negociaciones que consideran satisfactorias.
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