El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un plan de refuerzo urgente tras registrar una oleada de solicitudes de expedientes de vulnerabilidad vinculadas al nuevo proceso estatal de regularización de inmigrantes. La situación ha obligado al Consistorio a incorporar de forma inmediata a cinco trabajadores procedentes de la bolsa de empleo municipal con el objetivo de evitar el colapso de los servicios.
Según fuentes municipales, el incremento de trámites responde al impacto directo de la nueva normativa impulsada por el Gobierno de España, que permite avanzar en la regularización de personas en situación administrativa irregular bajo determinados criterios sociales y de arraigo. Este cambio ha generado un aumento significativo de solicitudes en ciudades como Alicante, donde los servicios sociales y el área de Inmigración gestionan la mayor parte del procedimiento administrativo.
El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha criticado duramente la actuación del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez. Villar ha calificado de «desleal» la implementación de este proceso “sin consultar a los ayuntamientos”, y ha subrayado que son las administraciones locales las que asumen “en primera línea” la carga de trabajo derivada de estas medidas.
“El Gobierno ha tomado una decisión unilateral que ha provocado una auténtica avalancha en nuestra ciudad”, ha señalado el vicealcalde, quien insiste en la necesidad de dotar a los municipios de más recursos para poder atender adecuadamente estas solicitudes.
Desde el área de Inmigración del Ayuntamiento se ha confirmado que la presión administrativa ha crecido de forma notable en las últimas semanas. Técnicos municipales advierten de que el refuerzo aprobado es una medida de choque inmediata, pero no descartan que sea necesario ampliar la plantilla si el volumen de expedientes continúa en aumento.
Este escenario no es exclusivo de Alicante. Diversas ciudades españolas están experimentando situaciones similares, con un incremento notable de solicitudes tras la flexibilización de ciertos mecanismos de regularización, lo que ha reabierto el debate sobre la coordinación entre administraciones y la financiación de los servicios públicos locales.
Mientras tanto, el Consistorio alicantino mantiene activo su plan de contención con el objetivo de garantizar la atención a los solicitantes sin comprometer el funcionamiento ordinario de los servicios municipales.
