La Generalitat Valenciana ha trasladado este lunes al juzgado que investiga el polémico caso de las viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, que existen personas empadronadas en esos inmuebles que no figuran como adjudicatarios oficiales. La advertencia se produce tras contrastar los informes de visados y los datos del padrón municipal con los listados de beneficiarios.
La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado que los nuevos datos han sido remitidos a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante para que se investigue por qué hay ocupantes que no coinciden con las personas que solicitaron el visado o formalizaron la compra de esas viviendas, tal como exige la normativa de vivienda protegida.
“Hay cuestiones que no casan”, señaló Camarero ante los medios desde València, después de participar en un acto institucional con motivo del Día de la Igualdad Salarial.
Una polémica que no cesa
La promoción Les Naus, desarrollada en suelo público y gestionada inicialmente a través de la cooperativa Fraorgi, se encuentra en el centro de un escándalo político y judicial desde que se publicaron supuestas irregularidades en la adjudicación de al menos 140 viviendas de protección pública. Entre los adjudicatarios figuran exediles municipales, técnicos del Ayuntamiento y familiares de altos cargos, lo que ha desatado críticas por presunto favoritismo y trato de favor.
La Policía Local de Alicante realizó recientemente una inspección “piso por piso” para verificar la ocupación real de las viviendas, detectando que en alrededor de una decena de ellas no se pudo constatar la identidad de los residentes.
Renuncias aún sin formalizar
Camarero ha señalado que la Generalitat ha recibido noticias sobre la intención de algunos adjudicatarios de renunciar a sus viviendas, aunque ninguna de esas renuncias se ha formalizado aún mediante la documentación reglamentaria ante la Conselleria.
La vicepresidenta también advirtió de que, en caso de que se produzca una venta de alguna de estas viviendas, la administración autonómica —o el propio Ayuntamiento de Alicante— podrá ejercer el derecho de tanteo para que la vivienda vuelva a ser ofrecida a personas que cumplan con los requisitos para acceder a protección pública.
Reacciones políticas y sociales
El escándalo ha provocado una fuerte reacción en la escena política local y autonómica. Formaciones como Compromís y el PSOE han exigido responsabilidades por el manejo de las adjudicaciones, mientras que colectivos vecinales y sociales ya han anunciado movilizaciones para exigir transparencia en el acceso a la vivienda pública.
Por su parte, la promotora del residencial ha defendido en medios que todos los adjudicatarios cumplían los requisitos en el momento del visado, y no descarta emprender acciones legales ante las acusaciones vertidas por representantes municipales.
La polémica suma un nuevo capítulo con esta advertencia al juzgado, que amplía el ámbito de la investigación más allá de la posible adjudicación irregular a personas vinculadas a administraciones públicas y abre la puerta a examinar la ocupación real de las viviendas por terceros ajenos al registro de adjudicatarios.
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