El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha salido este lunes al paso del escándalo por las adjudicaciones de viviendas protegidas del residencial Les Naus, en Playa de San Juan (Alicante), asegurando que el gobierno autonómico ha actuado “con inmediatez y ejemplaridad” ante las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso.
Barrachina ha realizado estas declaraciones tras el pleno del Consell celebrado esta mañana, durante una comparecencia ante los medios en la que ha reiterado la postura de la Generalitat Valenciana ante una crisis que ha desencadenado repercusiones políticas y sociales de relevancia en la ciudad.
Investigación y medidas autonómicas
El escándalo se inició tras revelarse que varias personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante —entre ellas una concejala del equipo de gobierno y familiares de cargos municipales— habían sido adjudicatarias de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, la primera promoción de este tipo construida en la ciudad en más de dos décadas. Las informaciones también han apuntado a un funcionario que fue suspendido de empleo y sueldo por haber tramitado la adjudicación de un piso a su esposa.
Según fuentes de la Generalitat, la Conselleria de Vivienda ha intensificado la investigación y se ha comprometido a revisar uno por uno los expedientes para verificar que se cumplieron los requisitos marcados por la normativa, con especial atención a supuestos conflictos de interés en casos de matrimonios con separación de bienes.
Barrachina ha defendido la actuación del Ejecutivo valenciano, subrayando su política de “tolerancia cero” frente a posibles irregularidades administrativas y asegurando que las actuaciones se han llevado con la máxima diligencia. No obstante, ha evitado pronunciarse directamente sobre las demandas de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, una petición que ha cobrado fuerza especialmente tras las revelaciones.
Presión política y peticiones de dimisión
El caso ha generado una fuerte reacción política en Alicante. Vox ha reclamado de forma reiterada la dimisión de Barcala, alegando falta de control y exigencia de responsabilidades políticas en el proceso de adjudicación. La oposición en bloque —incluidos PSOE, Compromís y Esquerra Unida— también ha pedido la salida del alcalde y ha impulsado la creación de comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts Valencianes.
En este contexto, el propio Barcala ha defendido que no tuvo conocimiento directo de que allegados de su equipo resultaran beneficiarios de estas adjudicaciones y ha pedido una reforma integral de las normas de acceso a vivienda protegida para reforzar la transparencia y evitar conflictos de interés en el futuro.
Debate social y repercusión pública
El impacto del caso ha trascendido la esfera política y ha reavivado el debate sobre la crisis de acceso a la vivienda en Alicante, donde muchos ciudadanos denuncian las dificultades para acceder a vivienda asequible en un mercado cada vez más tensionado. En redes sociales y en foros ciudadanos, el escándalo ha sido descrito como un ejemplo de cómo los mecanismos de vivienda pública pueden desviarse de sus objetivos sociales cuando no se extreman los controles.
