Una vecina de Alicante y sus cinco hijos menores continúan sin poder acceder a su vivienda, que adquirió en septiembre de 2024, para garantizar la estabilidad de su familia. Casi dos años después de la compra, el inmueble sigue okupado por quien fuera su anterior propietario, mientras la ejecución de las resoluciones judiciales favorables permanece bloqueada por problemas organizativos en la Administración de Justicia.
El caso pone el foco en las dificultades que afrontan algunos propietarios para recuperar sus inmuebles incluso después de obtener sentencias favorables. Según la documentación aportada por la representación legal de la afectada, el ocupante perdió la vivienda tras una ejecución hipotecaria anterior a la compraventa, circunstancia que no habría sido comunicada a la nueva propietaria en el momento de la adquisición.
La afectada, madre soltera y responsable de cinco menores, esperaba poder instalarse en la vivienda tras culminar el proceso judicial. Sin embargo, la entrega efectiva del inmueble continúa sin fecha.
Una protección legal inicialmente aplicada
Durante la tramitación del procedimiento, el lanzamiento quedó suspendido al amparo de la normativa estatal que protege a determinados colectivos vulnerables frente a los desahucios de su vivienda habitual. El Gobierno prorrogó en 2024 estas medidas hasta el 15 de mayo de 2028 para determinados supuestos de especial vulnerabilidad derivados de ejecuciones hipotecarias.
No obstante, la letrada de la propietaria, Julia Blanco Vañó, consiguió que los tribunales dejaran sin efecto dicha protección en este caso concreto al considerar acreditado que no concurrían las circunstancias de vulnerabilidad alegadas por el ocupante.
Según la documentación aportada al juzgado, el demandado figuraba dado de alta como trabajador autónomo y desarrollaba actividad económica propia. Entre las pruebas presentadas se incluyeron registros administrativos y grabaciones que, según la defensa, lo muestran trabajando con normalidad en una carnicería.
La representación de la propietaria sostiene además que el ocupante dispone de otra residencia y que el inmueble objeto del litigio no constituye su vivienda habitual.
Dos resoluciones favorables sin ejecución
La afectada obtuvo una primera resolución favorable que permitía continuar con el procedimiento de desalojo. Posteriormente, y ante los retrasos acumulados, interpuso una segunda demanda por la vía del precario, obteniendo nuevamente un pronunciamiento judicial favorable.
Pese a ello, ninguna de las dos resoluciones se ha traducido en la recuperación efectiva de la vivienda.
Fuentes jurídicas consultadas explican que el expediente permanece paralizado desde diciembre de 2025 debido a la baja médica del funcionario encargado de su tramitación. Según reconoció el propio órgano judicial, la vacante no ha sido cubierta temporalmente, lo que ha provocado la suspensión de las actuaciones pendientes.
La situación podría prolongarse durante más tiempo con la llegada del periodo inhábil de agosto, circunstancia que tradicionalmente ralentiza aún más la actividad procesal.
Críticas al funcionamiento de la Justicia
La abogada de la familia considera que el caso refleja las carencias estructurales que afectan a algunos juzgados españoles. En declaraciones recogidas por este medio, califica la situación de “auténtica vergüenza” y cuestiona que una resolución firme pueda quedar bloqueada durante meses por la ausencia de un empleado sin que se adopten medidas de sustitución.
A su juicio, la falta de recursos humanos está generando una situación de indefensión para ciudadanos que, pese a haber obtenido sentencias favorables, siguen sin ver reconocidos en la práctica sus derechos.
Mientras tanto, la propietaria y sus cinco hijos continúan esperando una solución que les permita acceder a la vivienda que compraron hace casi dos años y que, sobre el papel, ya les pertenece plenamente.
