El escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, en la zona de La Condomina de Alicante, sigue escalando. A las ya conocidas irregularidades en el proceso, se suma ahora la intención de Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa Fraorgi —promotora de las viviendas— de vender su ático en la urbanización, pese a que estos pisos están destinados por ley a ser ocupados como primera residencia en un plazo máximo de seis meses. Según fuentes consultadas, el responsable no solo no ha destinado el inmueble a residencia habitual, sino que ha solicitado permiso para deshacerse de él.
Esta situación se produce en medio de una investigación abierta tras detectarse múltiples anomalías en las adjudicaciones de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, promovidas por Fraorgi sobre suelo municipal. La Policía Local de Alicante ha constatado que 46 de estas viviendas no tienen a nadie empadronado, mientras que otras presentan casos llamativos como varios miembros de una misma familia que poseen cada uno un piso, pese a que habrían sido menores de edad cuando se inscribieron en la cooperativa.
El caso ha generado alarma social y también respuestas políticas y judiciales. La Fiscalía investiga el proceso de adjudicación por posibles delitos relacionados con irregularidades, tras el informe municipal derivado de las inspecciones.
Cinco renuncias y presión política
Además de la petición de Ordiñana de vender su ático, que rompe con el uso previsto por normativa, ya son cinco los propietarios que han anunciado su intención de renunciar a sus viviendas protegidas tras estallar la polémica. Entre estos casos se encuentran personas directamente vinculadas a la trama de contactos que rodea la promoción, entre ellas una arquitecta municipal cuya pareja validó de forma irregular su visado, y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.
Las renuncias se producen en un contexto de fuerte presión política. Varios grupos, encabezados por Compromís, han exigido no solo que se controle el acceso a las viviendas públicas, sino que se busquen fórmulas legales para recuperar los pisos adjudicados de manera fraudulenta y reasignarlos a las miles de familias que esperan una vivienda en Alicante. Critican que permitir la venta de estos inmuebles sería «convertir la vivienda protegida en un negocio especulativo».
Revisión administrativa y policial
Las inspecciones de la Policía Local, encargadas por el Ayuntamiento de Alicante, han puesto de manifiesto la falta de empadronamiento de muchos adjudicatarios y han desprendido dudas sobre la veracidad de algunos datos presentados en la cooperativa. El Ayuntamiento también ha abierto expedientes informativos a varios funcionarios implicados, y ha remitido a la Conselleria de Vivienda documentos para apoyar la investigación en curso.
Reacciones institucionales
Mientras, el Ayuntamiento ha rechazado algunas versiones periodísticas que hablaban de informes internos de Urbanismo, insistiendo en que solo colabora con las investigaciones iniciadas por vía judicial y policial.
El caso de Les Naus se ha convertido en uno de los focos de debate sobre la gestión de vivienda pública en Alicante, reabriendo las críticas sobre la transparencia en la adjudicación de VPP y la necesidad de reforzar los controles sobre estas promociones para garantizar que cumplen su propósito social.
