El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha decidido dejar en suspenso la resolución de los expedientes de averiguación interna abiertos a varios funcionarios municipales relacionados con la gestión y adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Residencial Les Naus hasta que finalice la causa judicial que investiga estos mismos hechos.
Así lo confirmó este martes el vicealcalde, concejal de Recursos Humanos y presidente de la comisión municipal que analiza el caso, Manuel Villar, durante la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno Local. Según explicó, la tramitación de los expedientes queda paralizada por la aplicación del principio de prejudicialidad penal, dado que algunos de los empleados públicos afectados figuran entre las quince personas investigadas por la titular de la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante.
Los expedientes internos afectan a los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, ambos compradores de viviendas en la promoción investigada tras haberse inscrito como cooperativistas de Residencial Les Naus. También se abrió un expediente a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, quien regresó a su puesto como jefa del área de Contratación tras dimitir de su cargo de confianza cuando trascendió que dos de sus hijos habían adquirido viviendas en la urbanización.
A ello se suma una cuarta investigación administrativa relacionada con la tramitación del impuesto de plusvalía de las viviendas, con el objetivo de determinar si algún empleado municipal pudo conocer con antelación la identidad de los adjudicatarios antes de que estallara la polémica a comienzos de año.
Hasta ahora, el ejecutivo local del Partido Popular había sostenido que estos expedientes se encontraban en su fase final y pendientes únicamente de la elaboración de las conclusiones. Sin embargo, la evolución de la investigación judicial ha llevado al Ayuntamiento a aplazar cualquier decisión definitiva y, por tanto, también la comunicación de los resultados a los grupos de la oposición.
Quince investigados en la causa judicial
La investigación sobre Les Naus dio un salto relevante el pasado mes de abril, cuando la magistrada instructora citó a declarar como investigadas a quince personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, varios funcionarios municipales, responsables de la cooperativa promotora y adjudicatarios de viviendas protegidas. La causa trata de esclarecer posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de una promoción construida sobre suelo público en la Playa de San Juan.
Durante las últimas semanas han continuado las declaraciones judiciales de varios de los investigados, algunos de los cuales han defendido que cumplían los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida. Entre ellos figura la arquitecta municipal Elsa Lloret, una de las personas incluidas también en los expedientes internos del Ayuntamiento.
Además, la Generalitat Valenciana acordó personarse como acusación particular en el procedimiento para defender los intereses de la Administración autonómica ante las posibles irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación.
Villar reivindica la transparencia municipal
Pese a las críticas de la oposición por la falta de acceso a determinada documentación, Villar defendió la actuación del gobierno local y aseguró que la comisión municipal de fiscalización está funcionando con total transparencia.
«Todo lo que se está pidiendo se está entregando», afirmó el vicealcalde, quien sostuvo que los grupos políticos reciben la información «en tiempo real» y que nadie puede afirmar que exista falta de colaboración por parte del Ayuntamiento.
No obstante, los grupos de la oposición mantienen sus reclamaciones para acceder a documentación todavía pendiente, entre ella el inventario completo del patrimonio municipal de suelo.
Durante su intervención, Villar aprovechó también para comparar la gestión del caso Les Naus con la actuación del Ayuntamiento de Alcoy, gobernado por PSOE y Compromís, donde recientemente se ha abierto un expediente disciplinario a una funcionaria por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores. Según el vicealcalde, mientras en Alicante se está colaborando con la investigación, en Alcoy se habría apartado al técnico que detectó posibles anomalías.
El caso Les Naus se ha convertido en uno de los principales focos de desgaste político para el gobierno municipal de Luis Barcala, mientras la instrucción judicial continúa avanzando y a la espera de que la magistrada determine si existieron responsabilidades penales en la adjudicación de estas viviendas protegidas.
