El Grupo Socialista en Les Corts Valencianes ha exigido a la consellera de vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, que dé explicaciones urgentes sobre el escándalo registrado en Alicante con la adjudicación de vivienda pública a la concejala de Urbanismo, a familiares de una alto cargo de Barcala y a un arquitecto municipal. El diputado autonómico José Díaz, que ha comparecido hoy acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha reclamado a Camarero que comparezca y conteste cuanto antes a la batería de preguntas registrada para tratar de despejar con luz y taquígrafos todas las incógnitas vinculadas a esta cuestión dado que, en última instancia, es la Generalitat Valenciana la que valida la adjudicación de las viviendas públicas a las beneficiarios.
Desde el Grupo Socialista en Les Corts Valencianes y desde el Grupo Municipal Socialista se han iniciado acciones para tratar de esclarecer qué ha ocurrido con la adjudicación de la única promoción de vivienda pública que se ha ejecutado en la ciudad en dos décadas y para conocer si hay más personas vinculadas al equipo de gobierno municipal o allegados del PP que han resultado beneficiarios.
En ese sentido y además de petición de explicaciones a la consellera, se ha solicitado el expediente completo sobre la enajenación, construcción y adjudicación de viviendas con dos objetivos: denunciar la situación en la Agencia Antifraude para que se investigue y examinar la documentación para registrar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, se ha insistido en que Barcala debe convocar cuanto antes el pleno extraordinario solicitado para dar explicaciones, impulsar una comisión de investigación para esclarecer los hechos y apartar del cargo a la jefa de Contratación.
“Camarero tiene que aclarar si ha habido un trato de favor hacia determinados adjudicatarios de viviendas públicas o si ha habido una ausencia de controles por parte de la Generalitat. Tiene que dar explicaciones sobre qué papel ha jugado el Consell de Mazón y de Pérez Llorca en la adjudicación de pisos de lujo en la playa de San Juan”, ha señalado Díaz. En ese sentido, se ha preguntado si este es el precedente de lo que pretende instaurar el PP con el Plan Vive, normalizando la ausencia de controles para poder adjudicar vivienda pública de forma arbitraria y facilitar que los propietarios puedan venderla después en el mercado libre sin ningún tipo de controles de la administración. Cabe destacar que son cinco parcelas las que el Ayuntamiento ha cedido a la Generalitat.
Barceló por su parte ha puesto el foco en que, por el momento, ni la concejala de Urbanismo ha dimitido ni Barcala la ha cesado, y ha destacado que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos ha dimitido de ese cargo, pero el alcalde la sigue manteniendo como jefa de Contratación. “Por prudencia y hasta que se aclaren los hechos, el alcalde debe apartarla de un cargo de tantísima responsabilidad por la falta de confianza que genera”.
“Barcala es el máximo responsable de haber permitido este pelotazo urbanístico, construyendo pisos de lujo que se han adjudicado sin que el Ayuntamiento haya ejercido controles sobre la baremación de las condiciones de acceso de los beneficiarios, sin una publicidad clara y transparente. Es indecente que mientras numerosas familias apenas pueden pagar el alquiler, y cuando muchos jóvenes se están marchando de Alicante por no poder acceder al mercado de la vivienda, se organice un pelotazo urbanístico desde el propio Ayuntamiento. Hay que saber quién ordenó que en el pliego municipal para enajenar la parcela no se estableciera ningún tipo de control sobre cómo se adjudicarían estas viviendas”.
