El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación sin admitir preguntas para defender a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tras el escándalo político abierto por la adjudicación de varias viviendas de protección oficial (VPO) a personas vinculadas al Ayuntamiento. Barcala ha recalcado en su intervención que la solicitud de Gómez para acceder a una de estas viviendas data de 2018, cinco años antes de ocupar su cargo público y de que, según el equipo de Gobierno, no intervino en el proceso de adjudicación.
La polémica se centra en la promoción de viviendas de protección pública construida en la zona de La Condomina, en Playa de San Juan, considerada una de las más demandadas de la ciudad. Además de la edil de Urbanismo, figuran como adjudicatarios un arquitecto municipal y los hijos de una directora general del Ayuntamiento, lo que ha provocado fuertes críticas y acusaciones de posible trato de favor.
Barcala ha justificado que Gómez solicitó la vivienda y se incorporó a la cooperativa promotora del proyecto años antes de entrar en política, y ha subrayado que la licencia de obras fue otorgada en 2022, también antes de que accediera al cargo. Asimismo, ha defendido que, según los datos disponibles, la concejala “no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión relacionada con este expediente”.
Expediente informativo
El alcalde ha anunciado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para clarificar toda la tramitación relativa a estas adjudicaciones y ha asegurado que se actuará con “contundencia y celeridad”. El secretario general del Ayuntamiento ha sido designado para instruir este expediente, que requerirá información a diversas concejalías para reconstruir la participación del personal municipal en todo el proceso. Barcala ha insistido en que, si el informe detecta “la menor sospecha de irregularidad”, llevará inmediatamente el caso a Fiscalía.
Además, el alcalde ha aprovechado su comparecencia para reclamar una reforma de la normativa de acceso a la vivienda social que refuerce los mecanismos de control y transparencia en las adjudicaciones, tanto a nivel autonómico como local.
Oposición exige responsabilidades
Los grupos de la oposición han intensificado sus críticas desde que se conoció la noticia. El PSPV ha anunciado su intención de llevar el caso no solo a Fiscalía, sino también a la Agencia Antifraude, calificando los hechos de “pelotazo” y denunciando un uso partidista de una promoción de vivienda pública en plena crisis habitacional.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha exigido la dimisión de la concejala implicada y ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para debatir exclusivamente este asunto. Compromís y otros partidos han solicitado también una comisión de investigación municipal y el acceso a toda la documentación relativa a las adjudicaciones.
El caso ha generado un intenso debate político local sobre la gestión de la vivienda pública en Alicante y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia para evitar sospechas de trato de favor o conflictos de interés.
