La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha exigido paralizar el procedimiento para la venta de un solar municipal ubicado en San Blas (calle Ceuta) destinado a la construcción de una treintena de viviendas que, como ha ocurrido en Residencial Les Naus, serán adjudicadas directamente por el promotor. El proyecto, que se remonta a 2023, fue concebido para la construcción de viviendas de alquiler social. Sin embargo, Barcala ha decidido ahora que los pisos no se destinarán a alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, sino que prácticamente todo el lote quedará en manos del promotor, y sólo tres viviendas pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal.
“Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda”, ha señalado Ana Barceló. La portavoz ha añadido que: “Nos encontramos con que Barcala anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio. Este caso no es aislado. Forma parte de una política de vivienda fallida del PP”.
El gobierno de Barcala ha sacado a la venta esta parcela de la calle Ceuta con un precio de 457.549 euros y será el promotor de la obra quien decida si la treintena de viviendas salen a la venta o se ponen en alquiler. De esta forma, la gestión y adjudicación de las viviendas quedará en manos del promotor, mientras que el Ayuntamiento sólo tendrá control sobre las tres viviendas que serán de titularidad municipal.
Renuncia a subvención autonómica
Cabe recordar que este proyecto fue anunciado a bombo y platillo en la antesala de las elecciones de 2023. El gobierno de Luis Barcala encargó incluso el proyecto de redacción de la edificación, abonando 51.248 euros con fondos municipales. La Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón al frente, reservó 1.197.000 euros de subvención autonómica para la construcción. Sin embargo, Barcala, a petición del propio Consell, acabó renunciando a esos fondos. Más tarde, en 2025, Mazón volvió a consignar 598.500 euros, pero esos fondos no se utilizarán en el proyecto que tramita ahora Barcala, puesto que se ha decidido vender la parcela y que sea una empresa la que construya el edificio y gestione la inmensa mayoría de las viviendas.
La concejala socialista Silvia Castell ha recordado que el Grupo Socialista ya denunció que el gobierno de Barcala había modificado los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda con un doble objetivo: evitar la fiscalización de los grupos de la oposición y permitir que este organismo municipal actúe como intermediario para facilitar la construcción de vivienda libre en solares de titularidad municipal. De hecho, Barcala inició los trámites para la enajenación de la parcela de la calle Ceuta tan solo un mes después de la aprobación definitiva de los nuevos estatutos del patronato, para evitar que los grupos de oposición intervinieran en el expediente a través de la junta del patronato.
“Barcala vació de competencias a la junta del patronato de la vivienda para poder dejar en manos de los promotores privados la gestión del suelo público. Exigimos revertir esos cambios para que el patronato se centre en la construcción de vivienda social y reclamamos que los trámites de contratación no queden en manos exclusivas del concejal de Vivienda, de forma que la oposición pueda ejercer el derecho a la fiscalización para evitar pelotazos como el de Les Naus”.
