Madrid (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido los consistentes indicios contra él.
Con medidas cautelares
Puente ha dictado un auto en el que, en su lugar, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
El juez señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando le envió a prisión, «aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado» tras los registros practicados a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.
Puente detalla que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación».
Libertad a pesar del nuevo informe
No obstante, ello no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios. El exdirigente socialista está imputado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Cerdán, que ha pedido hasta en cinco ocasiones al Supremo que le deje en libertad, saldrá de prisión tras pasar cuatro meses y 20 días en el centro penitenciario de Soto el Real (Madrid).
Para mantener la prisión, la ley requiere que exista riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Sobre esto último, el juez señala que puede ser descartado razonablemente, dado que Cerdán no ostenta cargo público alguno ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el PSOE.
Añade el auto que «no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas».
La UCO pide el rastreo de las cuentas de su mujer
Por otro lado, la UCO ha pedido al juez Puente que reclame un informe a la Agencia Tributaria en el que se detallen, en otros aspectos, datos fiscales y bancarios relativos a Francisca Muñoz y Belén Cerdán, esposa y hermana, respectivamente, del exsecretario de Organización del PSOE.
Solicita además que Hacienda recabe los mismo datos sobre Karmele Atutxa, esposa de Antxon Alonso propietario al 51 % de la empresa Servinabar, de la que presuntamente Cerdán tendría el 45 %.
Todo ello al haberse observado que Cerdán y su entorno familiar «habrían resultado beneficiarios» de una parte de los fondos que obtuvo Servinabar de las obras públicas en las que colaboró con Acciona, según expone la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe en el que analiza la relación entre ambas empresas.
En la propuesta de nuevas diligencias que recoge dicho informe, la UCO pide también que la Agencia Tributaria aporte los datos fiscales y bancarios de los exdirectivos de Acciona Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, así como de las cooperativas Noran y Erkolan, en las que fueron contratadas Francisca Muñoz y Belén Cerdán.
