Madrid (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por seis delitos en relación a la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
A Ábalos y a Koldo García les acusa por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.
Además de las penas de prisión, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias provenientes del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.
La Fiscalía considera «veraces» las pruebas de Aldama
La Fiscalía Anticorrupción considera además «veraces y relevantes» las pruebas aportadas por Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama Koldo, que condujeron a la apertura de la pieza que investiga las adjudicaciones de obra pública con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a la cabeza.
Anticorrupción tan solo reclama 7 años para Aldama, que salió de prisión preventiva por la causa de Hidrocarburos tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, por concurrir la atenuante de confesión. Con todo, le atribuye organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.
Para explicar esta posición, el fiscal subraya que a lo largo de la instrucción Aldama «ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con Ábalos y Koldo, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales».
Y todo ello, continúa, «detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo».
Pero ante todo destaca que «ha aportado información relevante» sobre «el amaño en la adjudicación de obra pública» en el Ministerio para lo cual remitió sendos pantallazos de presupuestos con determinadas obras, señaladas como ‘disponibles’, que le habrían sido remitidos por Koldo, documentos que aparecían con manuscritos.
