El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha planteado una pregunta en el pleno de este jueves dirigida al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala para conocer si el Consistorio tiene previsto ejercer los derechos de tanteo y, en su caso, de retracto sobre las viviendas de protección pública del residencial Les Naus adjudicadas a la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y al gestor de la cooperativa y promotor Francisco Ordiñana.
La iniciativa parte después de que trascendiera que ambos propietarios pretenden vender sus viviendas y que la cooperativa habría renunciado a ejercer su derecho preferente de adquisición, abriendo la puerta a una posible transmisión de los inmuebles.
La portavoz socialista, Ana Barceló, sostiene que el Ayuntamiento debe aclarar si tiene intención de utilizar los mecanismos legales previstos para este tipo de promociones protegidas con el objetivo de recuperar estas viviendas e incorporarlas al parque público municipal. Según la dirigente del PSOE, el caso exige «la máxima transparencia» tras el escándalo generado por el proceso de adjudicación de las VPP de Les Naus.
Barceló considera que el interés general debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y entiende que, si la normativa lo permite, el Ayuntamiento debería estudiar la adquisición de estas viviendas para destinarlas a políticas públicas de acceso a la vivienda, especialmente en un momento en el que Alicante atraviesa una creciente dificultad para acceder a un alquiler o a una vivienda protegida.
Un caso que sigue creciendo
El caso Les Naus continúa centrando la actualidad política y judicial en Alicante. La investigación analiza las adjudicaciones de las viviendas protegidas construidas sobre una parcela municipal en la Playa de San Juan, donde resultaron beneficiarios responsables políticos, funcionarios municipales, familiares de altos cargos y personas vinculadas a la promoción.
La polémica provocó la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, mientras el Juzgado mantiene abiertas diligencias en las que figuran como investigadas una quincena de personas, entre ellas la propia exedil, el promotor Francisco Ordiñana y diversos funcionarios relacionados con la tramitación administrativa del expediente.
En paralelo, la comisión municipal creada para esclarecer los hechos atraviesa una profunda crisis tras el abandono de los grupos de la oposición de izquierdas, que denunciaron la falta de comparecencias y la negativa del alcalde Luis Barcala a acudir a declarar ante dicho órgano. PSOE, Compromís y Esquerra Unida consideran que la comisión ha perdido toda utilidad y reclaman responsabilidades políticas por lo que califican como el mayor escándalo urbanístico del actual mandato.
El PSOE reclama explicaciones
Con esta nueva iniciativa, los socialistas buscan conocer si el Ayuntamiento piensa hacer uso de los instrumentos legales de protección del parque público de vivienda y evitar que dos de los inmuebles más controvertidos del residencial pasen al mercado privado.
La formación insiste en que el Consistorio debe ofrecer una respuesta clara a la ciudadanía sobre las actuaciones que piensa adoptar y recuerda que la recuperación de estas viviendas supondría un gesto de responsabilidad institucional tras un caso que ha deteriorado la confianza pública en la gestión municipal de la vivienda protegida.
La respuesta del equipo de gobierno permitirá conocer si el Ayuntamiento opta por intervenir en una operación que, además de su dimensión jurídica, tiene una evidente repercusión política en un procedimiento que continúa bajo investigación judicial y que sigue marcando la agenda política alicantina.
