El proceso de adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus vuelve a situarse en el centro del debate político en Alicante. El Ayuntamiento ha confirmado que cinco miembros de una misma familia, todos ellos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, resultaron adjudicatarios de un inmueble cada uno en esta promoción.
Según los datos municipales, hasta 30 residentes del complejo guardan algún tipo de parentesco con otros vecinos del mismo residencial. Entre los casos detectados figura también el de otra familia que obtuvo tres viviendas, dos de ellas a nombre de jóvenes de 18 y 19 años.
El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala ha trasladado la responsabilidad del proceso a la cooperativa promotora y ha solicitado explicaciones a Fraorgi sobre los criterios y el procedimiento seguido en el reparto. En concreto, el Ayuntamiento quiere aclarar si se permitió la inscripción de menores de edad cuando se abrió el plazo para optar a una de estas viviendas protegidas.
La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha señalado que, teniendo en cuenta las edades actuales de algunos adjudicatarios, “cabría preguntarse qué edad tenían cuando se apuntaron a la cooperativa”. Según sus cálculos, algunos podrían haber tenido entonces 14 o 15 años, lo que, a su juicio, plantea dudas desde el punto de vista legal.
Inspecciones y situación de ocupación
En paralelo, una inspección realizada por agentes de la Policía Local ha detectado que en 89 de las viviendas reside una sola persona. Cutanda ha manifestado que este dato “evidencia que en Alicante proliferan las familias monoparentales”, aunque desde la oposición se ha pedido un análisis más detallado sobre el cumplimiento de los requisitos de uso y destino propios de las VPP.
Las viviendas de protección pública están reguladas por la normativa autonómica de la Generalitat Valenciana, que establece límites de ingresos, condiciones de acceso y obligaciones de residencia habitual y permanente. Entre los requisitos habituales figura la mayoría de edad o la capacidad legal para contratar, así como la inscripción en los registros correspondientes.
Petición de aclaraciones
Desde el Ayuntamiento se ha reclamado a la cooperativa que detalle el proceso de admisión de socios, los criterios de baremación aplicados y la documentación exigida en el momento de la inscripción. El gobierno local insiste en que la adjudicación de viviendas protegidas debe garantizar los principios de igualdad, concurrencia y transparencia.
Por su parte, fuentes del sector cooperativo recuerdan que en este tipo de promociones la cooperativa gestiona directamente la incorporación de socios y la tramitación de las viviendas, siempre bajo el marco normativo vigente y la supervisión administrativa correspondiente.
El caso de Les Naus se suma así a la controversia abierta en torno a esta promoción, mientras el Ayuntamiento estudia si procede solicitar información adicional o trasladar la cuestión a los servicios jurídicos para determinar si se ajustó plenamente a la legalidad.
Aclara muchas cosas