El robo del Tesoro de Villena da un nuevo giro y entra de lleno en los tribunales. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, Plaza Número 2, ha abierto diligencias previas para investigar las circunstancias que rodearon la seguridad del Museo de Villena, tras la denuncia presentada por la Asociación en Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción, ADED.
La investigación judicial afecta al alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, a la directora del Museo de Villena, Laura Hernández, a la tercera teniente de alcalde, María Server, y a la persona responsable de la seguridad del museo. La denuncia plantea la posible existencia de un delito de daños por imprudencia relacionado con la protección y custodia del Tesoro.
La decisión judicial se produce un mes después del espectacular asalto al MUVI. El robo tuvo lugar en la madrugada del 27 de agosto, cuando varios encapuchados accedieron al museo y sustrajeron buena parte del Tesoro de Villena en un operativo de apenas unos minutos. La investigación de la Guardia Civil continúa abierta.
El Tesoro está considerado uno de los grandes conjuntos de orfebrería de la Edad del Bronce en Europa. Fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler y está compuesto por 66 piezas, principalmente de oro, con un peso cercano a los diez kilos en este metal. Entre ellas figuran 11 cuencos, 28 brazaletes y recipientes de oro, además de piezas de plata, ámbar y hierro. El brazalete de hierro tiene además la particularidad de estar fabricado con hierro procedente de un meteorito.
Durante el asalto, los ladrones accedieron al museo por una ventana lateral y consiguieron hacerse con prácticamente todo el conjunto expuesto. Tras el robo permanecieron en el museo algunas piezas, entre ellas tres recipientes de plata, un brazalete y parte de los adornos del bastón, además de una de las coronas que, según las primeras informaciones, habría caído durante la huida.
La seguridad, en el centro de la investigación
Precisamente las condiciones de seguridad del museo son ahora uno de los principales elementos sobre los que deberá poner el foco la investigación judicial.
ADED sostiene que pudo existir una falta de protección suficiente del patrimonio y que deben determinarse las posibles responsabilidades de quienes tenían encomendada su custodia. La asociación presentó su denuncia pocos días después del robo, aunque dejó expresamente señalado que no daba por cometido el delito, sino que reclamaba una investigación judicial para determinar si existían indicios suficientes.
Frente a esta tesis, desde el Ayuntamiento se ha defendido que el MUVI contaba con las medidas de seguridad exigidas. La concejala de Cultura, María Server, y la directora del museo, Laura Hernández, señalaron tras el robo que las instalaciones disponían de nivel 3 de seguridad, conforme a las exigencias de la Conselleria de Cultura, y que en algunos aspectos incluso se superaban esas exigencias. Ambas admitieron, no obstante, que los protocolos deberán revisarse a raíz del asalto.
El propio Ayuntamiento creó además una comisión especial de investigación, que tiene previsto convocar a 17 responsables políticos y técnicos para analizar las circunstancias del robo, el traslado del Tesoro al nuevo museo y las medidas de seguridad existentes. Entre los comparecientes figura también el alcalde.
La Fiscalía tendrá ahora que pronunciarse
La apertura de diligencias previas supone que el juzgado inicia actuaciones para esclarecer los hechos, pero no equivale a una declaración de culpabilidad de las personas investigadas.
De hecho, la resolución judicial ha sido trasladada a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia de un posible sobreseimiento. Contra esta decisión cabe recurso en un plazo de tres días ante el propio órgano judicial.
Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para intentar localizar a los autores materiales del robo y recuperar las piezas sustraídas.
El caso del Tesoro de Villena afronta así una nueva fase: mientras los investigadores tratan de esclarecer quiénes ejecutaron el asalto, la vía judicial comienza ahora a analizar si existieron responsabilidades por las condiciones de seguridad con las que estaba protegido uno de los tesoros arqueológicos más importantes de España.
