Alicante vuelve a situarse en el foco mediático por el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Residencial Les Naus, en la playa de San Juan. La Conselleria de Vivienda ha detectado nuevas irregularidades en el proceso de adjudicación, entre ellas la situación del suegro de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien figura entre los beneficiarios que no cumplen las condiciones exigidas.
Según la documentación analizada por la Generalitat, este adjudicatario presentó su solicitud de forma individual, pese a estar casado en régimen de gananciales y ser titular en pleno dominio de al menos dos viviendas adicionales. Además, no ha facilitado los datos económicos de su cónyuge pese a los requerimientos de la administración autonómica, lo que ha impedido verificar si el conjunto de ingresos familiares se ajusta a los límites establecidos por la normativa de vivienda protegida.
Este caso se suma a una lista de al menos ocho adjudicatarios de la promoción que incumplen los requisitos básicos, lo que refuerza las sospechas sobre la falta de control en el proceso de asignación de estas viviendas.
El nombre del suegro de Gómez ya había aparecido anteriormente en la polémica, después de conocerse que accedió a uno de los pisos de la promoción tras un intercambio con la propia exedil, quien inicialmente había adquirido otra vivienda dentro del mismo residencial.
La promoción de Les Naus acumula meses de controversia política y judicial. Diversas investigaciones han puesto de relieve deficiencias en los mecanismos de supervisión, permitiendo que personas con vínculos políticos o con recursos superiores a los permitidos accedieran a viviendas protegidas a precios por debajo del mercado .
De hecho, durante las primeras comparecencias judiciales, responsables de la propia Conselleria admitieron la falta de controles efectivos en las adjudicaciones, señalando que el sistema dependía en gran medida de la documentación aportada por los promotores y visada por técnicos, sin una verificación exhaustiva posterior .
El escándalo ha tenido ya importantes consecuencias políticas, incluida la dimisión de la propia Rocío Gómez y de otros cargos vinculados al caso, así como la apertura de investigaciones tanto administrativas como judiciales. Mientras tanto, la revisión de expedientes continúa y no se descartan nuevas irregularidades en una promoción que ha sido calificada como uno de los mayores escándalos urbanísticos recientes en la ciudad.
La Generalitat mantiene abierto el proceso de comprobación de todos los adjudicatarios con el objetivo de depurar responsabilidades y, en su caso, revertir las adjudicaciones indebidas.
