La provincia de Alicante, con un 23,3% de población de origen internacional, se sitúa en el epicentro del nuevo proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. El procedimiento, que arranca este jueves 16 de abril, podría beneficiar a más de medio millón de personas en todo el país y tendrá un impacto especialmente significativo en territorios con alta presencia de población extranjera, como la Comunitat Valenciana.
Desde hoy, las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma telemática, mientras que también se ha habilitado el sistema de cita previa para quienes prefieran realizar el trámite presencialmente. No obstante, la atención en oficinas no comenzará hasta el próximo lunes, 20 de abril, según el calendario oficial establecido por el Ejecutivo.
Para facilitar el proceso, el Gobierno ha dispuesto una red de atención que incluye cinco Oficinas de Extranjería —entre ellas la de Alicante—, además de 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos repartidas por capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes.
La medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en el país, además de carecer de antecedentes penales.
Una vez admitida la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional que les permitirá residir y trabajar en España durante un año, con posibilidad de continuidad según su situación laboral y administrativa.
Alta demanda y primeras tensiones
En Alicante, donde la presencia de población migrante es una de las más elevadas del país, el inicio del proceso ha generado una fuerte expectación. En los últimos días ya se han registrado colas en el consulado de Argelia, con ciudadanos tratando de reunir la documentación necesaria para acceder a la regularización.
El contexto también ha reavivado el debate político e institucional. Mientras el Gobierno central defiende la medida como una herramienta para aflorar empleo sumergido y mejorar la integración social, desde la Generalitat Valenciana se ha anunciado la intención de recurrir el decreto, al considerar que puede generar una sobrecarga en los servicios públicos sin una dotación suficiente de recursos.
Por su parte, organizaciones sociales y colectivos migrantes valoran positivamente la iniciativa, destacando que permitirá “romper barreras” y mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya forman parte activa de la sociedad.
Impacto económico y laboral
El proceso de regularización también cuenta con el respaldo de sectores empresariales, que ven en esta medida una oportunidad para incorporar mano de obra al mercado laboral de forma legal, especialmente en sectores con dificultades para cubrir vacantes como la agricultura, la hostelería o los cuidados.
Según estimaciones del Ejecutivo, la regularización podría tener un impacto positivo tanto en la economía como en las arcas públicas, al aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y reducir la economía sumergida.
Con el plazo abierto hasta finales de junio, Alicante se prepara para semanas de intensa actividad administrativa y social, en un proceso que marcará un antes y un después para miles de personas y para el conjunto del tejido económico de la provincia.
