La polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Residencial Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, ha desatado una profunda indignación social y política en Alicante, entre acusaciones de posibles irregularidades y conflictos de interés que afectan a varios cargos públicos y familiares directos.
El Ayuntamiento de Alicante ha presentado varias denuncias ante la Fiscalía Provincial para que se investigue si el procedimiento seguido para adjudicar estas VPP constituye una infracción penal, tras detectarse vínculos entre algunos adjudicatarios y funcionarios o cargos municipales implicados en el expediente.
Dimisiones y presión política
El escándalo ha provocado ya dos dimisiones de alto impacto: la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), y la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, cuyos hijos también figuran entre los adjudicatarios de viviendas.
Mientras tanto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acudido a Fiscalía para formalizar la denuncia y reclamar una investigación exhaustiva del caso.
Reacciones ciudadanas: salimos a la calle
Para conocer la opinión de la ciudadanía alicantina, Alicante Al Día ha salido a las calles de la ciudad:
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Vecinos de Alicante muestran su frustración por la situación actual del acceso a la vivienda: «Es indignante que cargos públicos y sus allegados tengan acceso a viviendas que deberían ir a quien las necesita realmente», comenta un residente, señalando la escasez de vivienda asequible.
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Los ciudadanos expresan su escepticismo sobre la transparencia de los procesos administrativos y reclaman “más controles y medidas de transparencia para que casos así no vuelvan a repetirse”.
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Piden justicia y ejemplaridad: «Si hay responsabilidades, que se depuren, pero no se nos puede poner a todos como si fuéramos culpables», señala otro vecino de la promoción, que asegura haber comprado su vivienda con su propio esfuerzo económico.
Reacciones políticas y medidas en marcha
La oposición ha intensificado sus críticas al Partido Popular y al modelo de adjudicación vigente, exigiendo transparencia, responsabilidades políticas y reformas en las políticas de vivienda. Formaciones como EUPV han calificado el episodio de «fraude social» y han pedido incluso la dimisión del alcalde Barcala.
El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que cruzará los datos de adjudicatarios con los de funcionarios municipales para detectar cualquier relación no declarada y reforzar los procedimientos internos de revisión.
Además, la Generalitat Valenciana ha reconocido la existencia de expedientes incompletos en algunos casos y ha asegurado que, si se confirma que hubo adjudicaciones irregulares, los casos serán trasladados a la Fiscalía para actuar con rigor legal.
