Fapa Sonia huelga Educación
La secretaria general de la entidad, Sonia Terrero, ha criticado que algunos sindicatos hayan incorporado “reclamaciones ideológicas” a las negociaciones con la Conselleria de Educación

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Alicante (FAPA Gabriel Miró) ha endurecido su posición ante la huelga indefinida en la educación pública valenciana y advierte de que acudirá a Inspección Educativa si considera que el conflicto se mantiene por motivos políticos y no estrictamente laborales.

La secretaria general de la entidad, Sonia Terrero, ha criticado que algunos sindicatos hayan incorporado “reclamaciones ideológicas” a las negociaciones con la Conselleria de Educación, dificultando así un acuerdo que permita poner fin a un paro que ya se ha convertido en uno de los más prolongados de las últimas décadas en la Comunitat Valenciana.

Desde la FAPA recuerdan que la Conselleria ha ido acercando posturas con los representantes docentes durante las últimas reuniones, con propuestas de mejoras salariales progresivas, reducción de ratios y nuevas mesas de trabajo sobre plantillas. Sin embargo, lamentan que siga sin existir un horizonte claro para la desconvocatoria de la huelga.

Terrero considera “inédita” la duración del conflicto, especialmente si se compara con anteriores etapas políticas. Según sostiene la federación de padres y madres, durante los gobiernos del Botànic se rechazó en varias ocasiones la reivindicación de incrementos salariales para el profesorado sin llegar a plantearse una huelga indefinida.

La organización alicantina insiste en diferenciar entre las reivindicaciones laborales legítimas —como la mejora de infraestructuras, la reducción de burocracia o el aumento de recursos humanos— y otros debates que, a su juicio, están contaminando la negociación.

Uno de los principales puntos de fricción es el relacionado con la lengua vehicular en las aulas. En este sentido, la FAPA defiende que las familias tienen reconocido por la normativa valenciana el derecho a participar en la elección de la lengua base —castellano o valenciano— para la enseñanza de sus hijos, en el marco de la Ley de Libertad Educativa de la Comunitat Valenciana y de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

“La cuestión lingüística se está utilizando como un arma política”, señalan desde la federación, que considera que este debate está alejando a las partes de un posible entendimiento definitivo.

El conflicto educativo afronta ya más de una semana de movilizaciones y mantiene enfrentadas a la Conselleria y a los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Según las últimas consultas realizadas entre el profesorado, una amplia mayoría de docentes ha rechazado la última oferta presentada por Educación y una parte importante apuesta por mantener la huelga indefinida.

La FAPA Gabriel Miró ya había expresado días atrás su preocupación por el impacto de la huelga en las familias y en el final de curso, especialmente ante la proximidad de las pruebas de acceso a la universidad y el cierre del calendario escolar.

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