La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha la maquinaria para recuperar dos de las viviendas de protección pública de Residencial Les Naus, en Playa de San Juan, que se encuentran en el centro de la polémica por las presuntas irregularidades en la adjudicación de estos inmuebles. Se trata de los pisos adquiridos por la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y por Francisco Ordiñana, administrador único de Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa que promovió el residencial.
La Conselleria de Vivienda, que dirige Susana Camarero, ha comunicado a ambos propietarios su intención de ejercer el derecho de tanteo, es decir, la compra preferente de sus viviendas. La decisión llega después de que el departamento autonómico consultase con el juzgado que instruye el caso si existía alguna medida cautelar que impidiese realizar estas operaciones, sin que hasta el momento haya recibido respuesta que suspenda esa posibilidad.
El siguiente paso será solicitar autorización para acceder a los dos inmuebles y comprobar su estado de conservación antes de formalizar la adquisición. La operación podría completarse en un plazo aproximado de seis meses.
En cuanto al precio, la Generalitat abonaría el importe que cada propietario desembolsó para adquirir su vivienda como cooperativista, aunque con un límite máximo establecido por el módulo de protección pública. Para un piso de 90 metros cuadrados útiles, ese tope se situaría en torno a los 216.000 euros. La cantidad definitiva dependerá de las condiciones de cada operación.
Una vez recuperados, los dos inmuebles pasarían a formar parte del parque público autonómico y quedarían destinados obligatoriamente al alquiler asequible, sin posibilidad de que sus nuevos propietarios pudieran volver a transmitirlos libremente.
Sin embargo, la situación de ambos pisos no es exactamente la misma. Rocío Gómez sí habría completado el procedimiento administrativo para comunicar su intención de vender la vivienda e incluso habría presentado a un posible comprador que, según la documentación aportada, reunía los requisitos económicos para acceder a una VPP.
En el caso de Francisco Ordiñana, existen dudas sobre si realmente mantenía su intención de vender el inmueble. El gestor había comunicado inicialmente su voluntad de transferirlo a una sociedad de su propiedad para destinarlo al alquiler, pero posteriormente habría desistido de esa operación y no habría completado los requerimientos de información que le trasladó la propia Conselleria. Una circunstancia que podría condicionar la recompra.
La decisión de Vivienda se produce, además, en un momento especialmente delicado para la investigación judicial del caso Les Naus. La causa suma ya 18 personas investigadas por las presuntas anomalías en la adjudicación de las 140 viviendas de esta promoción, construida sobre una parcela municipal en Playa de San Juan.
De hecho, el pasado 15 de octubre, la jueza rechazó archivar la investigación respecto a tres de los investigados al considerar que todavía quedan diligencias importantes por practicar. Entre ellas, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, considerado especialmente relevante para esclarecer las circunstancias económicas y administrativas de la promoción.
Además, la magistrada ha citado para el próximo 9 de noviembre a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa.
La recompra de estos dos inmuebles abre así una nueva etapa en el caso de las VPP de Les Naus. La Generalitat pretende recuperar unas viviendas que se encuentran en el epicentro de una de las mayores controversias políticas y urbanísticas de Alicante, aunque la investigación judicial todavía está lejos de concluir.
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