La Generalitat Valenciana ha solicitado al juzgado su personación como acusación particular en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en Alicante. El objetivo del Ejecutivo autonómico es, según recoge el escrito presentado ante la jueza instructora, “no ser un mero testigo del proceso penal” y poder “intervenir activamente como parte procesal afectada”.
La petición, firmada el pasado 27 de abril por el abogado coordinador de la Generalitat y remitida a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, reclama la personación en las diligencias previas para “defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando”. La solicitud llega después de que la Abogacía General recibiera autorización expresa para ejercer acciones legales.
La autorización está rubricada por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, con fecha 24 de abril de 2026. En ese documento se detalla la cronología de actuaciones realizadas por la administración autonómica desde que estalló la polémica en torno a la adjudicación de las viviendas protegidas de Les Naus.
Según la documentación aportada, el 30 de enero de 2026 el secretario territorial adjunto de Vivienda remitió un informe a la Dirección General de Planificación y Políticas de Vivienda sobre el expediente de calificación definitiva de esta promoción privada de VPP, cuya aprobación definitiva se produjo el 14 de julio de 2025 al amparo del Decreto 68/2023 del Consell. En dicho informe se sostiene que todas las personas adjudicatarias con contratos visados por el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante cumplían los requisitos exigidos por la normativa autonómica, tanto por el citado Decreto 68/2023 como por el Decreto 180/2024 sobre el régimen jurídico de las VPP en la Comunitat Valenciana.
No obstante, el caso continúa avanzando en sede judicial. La magistrada ya ha citado como investigadas a 15 personas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, técnicos municipales, responsables de la Conselleria y varios adjudicatarios de las viviendas. También están llamados a declarar diversos testigos vinculados a la tramitación de la promoción inmobiliaria.
La investigación judicial se abrió tras varias denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las 140 viviendas protegidas de Les Naus, una de las promociones más relevantes construidas en Alicante en las últimas décadas. La causa analiza posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y uso de información privilegiada.
En paralelo, el caso mantiene también una importante dimensión política. Tanto el PSPV-PSOE como Ciudadanos ya fueron admitidos en el procedimiento como acusación popular, mientras continúan las comisiones de investigación abiertas tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts Valencianes.
Además, en las últimas semanas la Conselleria de Vivienda trasladó al juzgado nuevas incidencias detectadas tras revisar los expedientes, entre ellas la existencia de personas empadronadas en viviendas de Les Naus que no figuraban como adjudicatarias oficiales.
