La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha incidido en que para hacer frente al reto del acceso a la vivienda “es necesaria la corresponsabilidad, la coordinación y el compromiso de todos los agentes, desde el sector privado a las entidades financieras y las distintas administraciones públicas”.
“Necesitamos un marco estable, financiación suficiente y criterios justos que tengan en cuenta la realidad de cada territorio. La Comunitat Valenciana está haciendo un esfuerzo importante, multiplicando su inversión y apostando por un modelo propio, pero necesitamos que ese esfuerzo sea compartido”, ha reclamado la vicepresidenta, quien ha sido la encargada de clausurar la jornada ‘Acceso a la vivienda y su impacto en las familias’, organizada por la Asociación de Familias de la Comunitat Valenciana Family UP.
Este encuentro ha reunido a expertos del ámbito académico, institucional, empresarial y financiero con el propósito de abordar la problemática del acceso a la vivienda, uno de los mayores retos a los que se enfrentan las familias, y avanzar en soluciones reales y efectivas.
Durante su intervención, la vicepresidenta ha lamentado que el Gobierno haya aprobado el Plan Estatal de Vivienda “tarde y sin consenso”, tras meses de retraso que han bloqueado la planificación de las comunidades autónomas, poniendo en riesgo las ayudas a más de 15.000 familias valencianas que el año pasado optaron a alguna de las subvenciones de vivienda.
Así, ha criticado que se trata de un plan “impuesto, sin negociación con las comunidades autónomas, que introduce criterios ideológicos y, además, traslada el mayor esfuerzo presupuestario a las autonomías: mientras el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %, obliga a las comunidades a incrementarla hasta el 40 %, con lo que la Comunitat Valenciana se ve obligada a multiplicar por cuatro su aportación, más del doble porcentual que el Gobierno, y todo ello pese a la infrafinanciación endémica que sufre esta tierra por parte del Gobierno”.
Además, ha denunciado que el Gobierno central “sigue sin dar pasos para solucionar el problema de acceso a la vivienda, al obviar políticas que están en su mano y que le estamos demandando continuamente como la eliminación o reducción del IVA para la compra de primera vivienda o la reducción de impuestos, y, lejos de esto, añade más rigidez y burocracia a la gestión de las ayudas”.
Frente a ello, Camarero ha puesto en valor las políticas “realistas, efectivas y centradas en las personas” impulsadas por parte Consell en materia de vivienda, y que, según ha remarcado, “combinan medidas a corto plazo con una visión estratégica de largo recorrido”.
En este sentido, la vicepresidenta ha hecho especial hincapié en el Plan Vive Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo la construcción de más de 10.000 viviendas de protección pública durante la presente legislatura. “Ya se han impulsado más de 4.500 viviendas, movilizando una inversión superior a los 1.000 millones de euros y beneficiando a más de 15.000 personas”, ha indicado la vicepresidenta.
Pero más allá de las cifras, Camarero ha puesto el acento en el modelo. “Movilización de suelo, colaboración público-privada, simplificación normativa y apuesta decidida por la vivienda protegida. Un modelo que está permitiendo acelerar proyectos que durante años permanecieron bloqueados y al que ya se han adherido 319 municipios”, ha expresado.
La consellera de Vivienda también se ha referido a las medidas adoptadas por el Consell en materia económica, y ha citado la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 8 % al 6 % para menores de 35 años y VPP, que ya ha beneficiado a cerca de 29.000 personas, así como los avales habilitados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ha permitido a un total de 3.200 jóvenes acceder a su primera vivienda mediante avales concedidos por valor de 33 millones de euros.
Camarero ha defendido que “acceder a una vivienda resulta esencial para desarrollar un proyecto de vida”. Por ello, ha destacado el refuerzo de las ayudas al alquiler, con más 150 millones de euros que han beneficiado a 41.788 personas; o el impulso del Bono Alquiler Joven, que ha facilitado la emancipación y el acceso a una vivienda a más de 10.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana.
Vivienda industrializada
Asimismo, la vicepresidenta se ha referido al Plan Renhata, que con una dotación de seis millones de euros permite mejorar la calidad, accesibilidad y puesta a punto de viviendas, al tiempo que ha puesto de relieve la apuesta de la Generalitat por la vivienda industrializada “como una herramienta innovadora para dar respuestas más rápidas y eficaces. A través del Plan Vive Dana estamos impulsando proyectos en municipios como Albal, Utiel y Torrent, con una inversión inicial de más de 21 millones de euros para la construcción de cerca de 250 viviendas industrializadas”, ha afirmado.
“Este modelo permite reducir de forma significativa los plazos de ejecución, incorporar tecnologías avanzadas y ofrecer soluciones habitacionales de calidad, sostenibles y adaptadas a situaciones de emergencia”, ha explicado la vicepresidenta.
Junto a todas estas medidas, Camarero se ha referido también al nuevo decreto de Viviendas de Protección Oficial (VPP): “Un nuevo marco normativo que simplifica trámites, refuerza la seguridad jurídica y facilita la promoción de vivienda protegida, además de incluir la reserva del 40 % de las viviendas para jóvenes y familias monoparentales y la protección permanente de la vivienda pública”.
Todo ello, ha asegurado Camarero, “forma parte de una estrategia coherente, basada en una idea clara: sin una oferta suficiente de vivienda no hay solución posible. Por eso estamos actuando sobre todos los elementos: suelo, financiación, normativa y colaboración con el sector”.
“Las familias no pueden esperar. Los jóvenes no pueden seguir retrasando sus proyectos de vida. Y la vivienda no puede seguir siendo una barrera”, ha concluido la vicepresidenta.
