La polémica de las viviendas protegidas de Les Naus salta al primer plano de la campaña electoral nacional. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha elegido Alicante para presentar la «ruta del escándalo», una iniciativa del PSOE con la que pretende recorrer distintos puntos de España para denunciar lo que considera irregularidades en la gestión de la vivienda pública por parte del Partido Popular.
La primera parada ha sido el residencial Les Naus, en La Condomina, en Playa de San Juan, donde la ministra ha cargado contra el PP, al que acusa de haber convertido «un derecho en un negocio». Rodríguez también ha señalado al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, al que responsabiliza de los cambios normativos que afectaron al régimen de protección de estas viviendas.
El caso Les Naus se encuentra bajo investigación judicial desde que trascendieron las adjudicaciones de los 140 pisos de protección pública construidos sobre una parcela municipal. Entre los beneficiarios figuran antiguos cargos del Partido Popular, familiares de responsables municipales y personas vinculadas a la cooperativa promotora.
La investigación judicial alcanza actualmente a 18 personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la entonces responsable municipal de Contratación María Pérez-Hickman, varios funcionarios, miembros de la cooperativa y el promotor de la urbanización. La jueza mantiene abierta la instrucción y ha rechazado archivar algunas de las actuaciones mientras espera, entre otras diligencias, un informe de la UDEF.
Uno de los aspectos más controvertidos del expediente es la evolución de la normativa autonómica. La promoción obtuvo su calificación provisional en septiembre de 2023, bajo el marco normativo del anterior Gobierno del Botànic. Posteriormente, el decreto aprobado en diciembre de 2024 por el Ejecutivo de Carlos Mazón modificó el periodo de protección de las viviendas, estableciendo un máximo de 30 años para determinadas promociones. La aplicación de esta disposición a Les Naus y las circunstancias del cambio de calificación forman parte de la controversia política y administrativa.
Mientras tanto, la Generalitat ha iniciado el procedimiento para ejercer el derecho de tanteo y adquirir las viviendas de la exconcejala Rocío Gómez y del promotor Francisco Ordiñana, ambos investigados en la causa. Se trata de una actuación sobre esos dos inmuebles, no de una recompra generalizada de toda la promoción.
La elección de Alicante como punto de partida de esta ruta sitúa el caso Les Naus en el centro de la confrontación electoral entre PSOE y PP. Una polémica que trasciende el enfrentamiento entre partidos y que mantiene abiertas varias cuestiones sobre la adjudicación de vivienda protegida, el acceso a los inmuebles y la gestión del suelo público.
El caso continúa en los tribunales y todavía no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales. Entretanto, Les Naus vuelve a convertirse en uno de los principales focos de controversia política en Alicante, esta vez con la vivienda como argumento central de la campaña electoral.
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