El barrio de ocio del centro de Alicante, en el entorno de la Plaza Quijano y las calles adyacentes del Casco Antiguo de la ciudad, ha sido escenario este fin de semana de las primeras multas impuestas tras la entrada en vigor de la figura de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) aprobada por el Ayuntamiento de Alicante.
Aplicación de la ZAS y sanciones
Tal como explicaron fuentes municipales, la ZAS se aprobó el 14 de octubre de 2025 en su resolución definitiva. Desde entonces, la vigilancia de la Policía Local de Alicante se ha intensificado en el área, y ya se han levantado actas por incumplimiento del nuevo régimen de horarios y actividades. Según los hosteleros, “al menos tres actas más” se levantaron durante las primeras noches de aplicación, por no respetar el adelanto del cierre.
Reacción del sector hostelero
El colectivo de hostelería, representado por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA), ha mostrado su “indefensión” ante la medida: denuncian que la nueva normativa no ha sido publicada en un portal oficial accesible y que muchos negocios desconocían el cambio, por lo que no existiría base jurídica para sancionarles.
En concreto, señalan que la regulación (que implica reducción de terrazas al 50 %, adelanto del cierre a las 00:30 los días laborables, suspensión de nuevas licencias de actividad, etc.) no les fue comunicada directamente ni se abrió un periodo de adaptación.
ALROA anuncia que llevará la cuestión a los tribunales al considerar que la normativa “no existe legalmente todavía” al no haberse dado adecuada publicidad ni verificación.
Apoyo de los vecinos
Por otro lado, las asociaciones de vecinos del barrio como la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil celebran que, “tras años de reclamaciones por ruido”, al menos durante este fin de semana han podido “descansar por primera vez”. Su presidente, Joaquín Gangoso, advierte de que, una vez finalizado el periodo informativo, “la policía no debe esperar al segundo ni tercer día” para sancionar.
Marco normativo en el que se basa la ZAS
La ZAS se fundamenta en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la Contaminación Acústica y en un estudio técnico previo que acreditó niveles de ruido superiores a los umbrales permitidos.
Entre las principales medidas aprobadas:
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Suspensión de nuevas licencias para locales de ocio o con ambientación musical en la zona ZAS.
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Reducción del 50 % del espacio de veladores y mesas/sillas autorizadas.
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Horario general de cierre a las 00:30 entre domingo y jueves; 01:00 los viernes, sábados y vísperas de festivo. Para discotecas, hasta las 03:00 en fines de semana.
¿Dónde está el conflicto?
El choque entre hostelería y normativa se concentra en dos ejes: información/preparación y publicación/validez jurídica.
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Por un lado, los negocios dicen que no han tenido periodo de gracia, ni se les ha facilitado el texto completo con claridad.
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Por otro, las asociaciones vecinales entienden que la medida era inaplazable tras años de denuncias, y que el Ayuntamiento ya tiene competencia para sancionar incumplimientos por contaminación acústica.
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Además, el sector alega que los datos técnicos en los que se basó la ZAS estarían “desfasados” y no reflejarían la situación actual.
Próximos pasos y expectativas
Queda por ver cómo se desarrolla el proceso sancionador y qué repercusiones tendrá para los establecimientos. Entre los siguientes hitos:
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Verificación por parte de la Conselleria de Transición Ecológica, Resiliencia y Políticas hacia la Desenergía de la resolución, y su publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
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Resolución definitiva de las alegaciones presentadas por hosteleros y vecinos.
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Posibles recursos judiciales del sector hostelero contra la ZAS.
Conclusión
La puesta en marcha de la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante supone un nuevo escenario de convivencia entre el ocio nocturno y el descanso vecinal. Mientras los residentes muestran su alivio por el fin de una situación largamente denunciada, el sector hostelero reclama más claridad legal y un periodo de adaptación. Las primeras sanciones y la posibilidad de litigios abren una fase decisiva en la que se verá si el marco normativo y los dispositivos de control logran ajustar ambos derechos —el del descanso y el del trabajo— sin daños colaterales para la economía del barrio.
