Las Pymes alicantinas denuncian prácticas abusivas en la tramitación de los créditos ICO. Denuncian que les exigen la contratación «obligatoria» de seguros de vida y la aplicación de intereses desproporcionados, que llegan al 5%

Pymes y autónomos del comercio, ocio, hostelería, turismo, cultura y transporte han denunciado prácticas abusivas de las entidades financieras en la tramitación y concesión de los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En un comunicado, numerosas asociaciones de la Comunidad Valenciana que representan a estos sectores afirman haber recibido numerosas quejas y testimonios de sus asociados sobre malas prácticas y actuaciones irregulares de las entidades financieras a la hora de tramitar sus solicitudes de créditos ICO. Los afectados aseguran que algunas de las condiciones que les han ofrecido son la venta cruzada de productos financieros asociados a la tramitación de los créditos ICO, como la contratación «obligatoria» de seguros de vida.

Además del recorte del año de carencia para la devolución del crédito establecido por el Gobierno de España, imprescindible para la recuperación de las empresas en un momento de incertidumbre y excepcionalidad, y la aplicación de «intereses desproporcionados, que están llegando hasta el 5 %». De la misma forma, señalan que se están pidiendo avales extra más allá de los garantizados por el Gobierno, así como poniendo numerosas trabas burocráticas al solicitante. Las asociaciones aseguran que todas estas actuaciones «tienen cobertura legal en la medida en la que los bancos están respondiendo a las pymes que los recursos de los créditos ICO se han agotado, por lo que ofrecen otras alternativas y productos financieros propios de los bancos, sujetos a sus propias condiciones».

Asimismo, afirman que las «entidades financieras están contactando con sus clientes preferentes para ofrecerles financiación aprovechando las ventajosas condiciones de los créditos ICO». Esto, advierten las mismas fuentes, supone que «están priorizando ofrecer liquidez a los clientes que menos riesgo financiero tienen, pero que son precisamente los que menos necesitan esta financiación, frente a las pymes y autónomos que se enfrentan a un auténtico problema de liquidez». Más allá de los problemas provocados por la gestión de los créditos ICO, desde las asociaciones subrayan la necesidad de denunciar «la arbitraria definición de los sectores que pueden beneficiarse de estos créditos» y que, a su juicio, «han dejado fuera a importantes colectivos de la actividad económica». También lamentan la dificultad burocrática de poder contar con certificados digitales, «imposibles de tramitar en estos momentos», como el CIRBE.

Ante esta situación, piden a los autónomos y pymes que denuncien cualquier irregularidad en la concesión de los créditos, al tiempo que confían en el organismo regulador. Consideran «inconcebible» que las entidades financieras dificulten y obstaculicen la función de los créditos ICO, y sostienen que los bancos «deben tener, en estos momentos, un alto grado de corresponsabilidad», y no olvidar que «siguen teniendo un compromiso social y una deuda con el país, tras los 65.725 millones del rescate a la banca con la crisis de 2008». EFE