El escándalo por la adjudicación presuntamente irregular de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan sigue sumando capítulos. El técnico de la Conselleria de Vivienda en Alicante que visó una de estas viviendas a favor de su pareja sentimental reconoció ante su superior que había actuado de forma indebida.
Según ha trascendido en sede judicial, el funcionario confesó: “Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad”, tal y como declaró el director territorial de Vivienda, Juan Manuel Galbis, ante la magistrada que instruye el caso.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que analiza las posibles irregularidades en la adjudicación de cerca de 140 viviendas protegidas en la promoción conocida como Les Naus.
Una trama bajo investigación judicial
El caso apunta a un posible uso indebido del sistema de adjudicación de vivienda pública, en el que el técnico ahora investigado habría facilitado el acceso a una vivienda a su pareja, una arquitecta municipal, lo que podría constituir un conflicto de intereses.
El funcionario fue expedientado por la Conselleria, aunque posteriormente se ha reincorporado a su puesto.
Las primeras comparecencias judiciales han puesto de manifiesto, además, la existencia de debilidades en los mecanismos de control. Técnicos y responsables de la administración autonómica han reconocido que la revisión de las adjudicaciones se basaba en gran medida en la confianza en el visado técnico, sin comprobaciones exhaustivas posteriores.
Críticas al sistema
La acusación popular, ejercida por Ciudadanos, ha cuestionado duramente este modelo, al considerar que la normativa vigente permitía un margen excesivo que habría facilitado irregularidades. En este sentido, el abogado Emilio García Ontiveros ha calificado el procedimiento como un posible “coladero”.
Otras informaciones apuntan a que este sistema habría permitido que personas con altos ingresos o vínculos políticos accedieran a viviendas protegidas, lo que ha intensificado la polémica política en torno al caso.
Repercusiones políticas
El escándalo ha escalado al ámbito político, con partidos de la oposición reclamando explicaciones y dimisiones. PSPV y Compromís han exigido responsabilidades al equipo de gobierno municipal y autonómico, mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción sigue analizando los expedientes, en un proceso que podría prolongarse en las próximas semanas y que ya ha sido calificado como un caso de especial gravedad por la posible afectación a recursos públicos destinados a fines sociales.
