Luis Morata
La exconcejal dimitió con el objetivo de facilitar las investigaciones abiertas sobre este proceso urbanístico, que ha generado una fuerte controversia política en la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves el pleno en el que ha tomado posesión de su acta como concejal Luis Alfonso Morata Algarra, quien se incorpora al grupo municipal del Partido Popular de Luis Barcala para cubrir la vacante dejada por la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez Gómez.

El nombramiento de Morata se produce después de la renuncia de Gómez, que abandonó el cargo en enero en medio de la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la zona de Playa de San Juan. La exconcejal dimitió con el objetivo de facilitar las investigaciones abiertas sobre este proceso urbanístico, que ha generado una fuerte controversia política en la ciudad.

El denominado ‘caso VPP’ sigue bajo investigación judicial y política, con diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la urbanización de Les Naus, una promoción que ha sido objeto de críticas por beneficiar presuntamente a personas vinculadas a la administración local.

Asimismo, el Ayuntamiento constituyó recientemente una comisión de investigación para analizar lo ocurrido, en la que está previsto que comparezcan distintos responsables políticos y técnicos, incluida la propia exconcejal.

En este contexto, la incorporación de Morata Algarra —quien figuraba en la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023— permite al equipo de gobierno cubrir la vacante y mantener la composición del grupo municipal.

Durante el acto de toma de posesión, el nuevo edil ha asumido el compromiso de trabajar por los intereses de los ciudadanos de Alicante, en un momento marcado por la atención política y mediática sobre la gestión urbanística municipal.

Con este relevo, el consistorio inicia una nueva etapa en el área política afectada por la crisis derivada del caso VPP, mientras continúan las investigaciones y el debate público sobre la transparencia en la gestión de la vivienda pública.

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