El presidente de la hoguera Sant Blai-la Torreta, Luis Morata, será quien ocupe el escaño en el Ayuntamiento de Alicante que deja vacante Rocío Gómez, concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles, tras anunciar su dimisión en pleno escándalo político relacionado con la adjudicación de viviendas públicas en la Playa de San Juan.
Este viernes, la edil del Partido Popular, actualmente de baja por maternidad, comunicó su decisión de renunciar al cargo “para no interferir en la investigación en curso” sobre la adjudicación de una promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en La Condomina de la Playa de San Juan, una operación que ha desatado una fuerte polémica en la ciudad y en la Comunitat Valenciana.
Según ha explicado la propia Gómez, se inscribió como cooperativista en dicha promoción antes de su entrada en política en 2023, y afirma que aportó toda la documentación requerida por los órganos de investigación municipal. Su renuncia formal se presentará en los próximos días ante el Ayuntamiento.
La decisión se produce en un contexto de intensas críticas políticas y mediáticas después de que se conociera que no solo la concejala, sino también familiares de altos cargos municipales y personal técnico del consistorio figuran como adjudicatarios de estas viviendas, una promoción cuyo procedimiento está siendo objeto de escrutinio por parte del Ayuntamiento de Alicante.
El alcalde, Luis Barcala, ordenó la apertura de un expediente de aclaración de hechos para analizar si se produjeron posibles irregularidades en la concesión de estos inmuebles, la primera promoción de vivienda pública de la ciudad en más de 20 años, y no ha descartado llevar cualquier indicio a la Fiscalía.
Relevo en el Ayuntamiento
Con la renuncia de Gómez, el siguiente en la lista del Partido Popular para acceder al pleno municipal es Luis Morata, figura ampliamente conocida en el ámbito festero de Alicante por su labor al frente de la hoguera Sant Blai-la Torreta. Morata será propuesto por el grupo popular para tomar posesión del escaño en el próximo pleno, continuando así el relevo previsto en la estructura de concejales del gobierno municipal.
La polémica sobre las adjudicaciones ha despertado reacciones no solo en la política local, sino también en el ámbito autonómico, con instancias como la Generalitat Valenciana impulsando revisiones adicionales para garantizar la legalidad de los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas, aunque hasta ahora no han detectado incumplimientos según informes técnicos.
El caso se ha convertido en un foco de debate sobre transparencia, acceso a la vivienda pública y responsabilidades políticas en un momento en que la presión social por el derecho a la vivienda se intensifica en toda España.
