La sesión plenaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a evidenciar el clima de creciente tensión política que atraviesa el equipo de gobierno municipal encabezado por el alcalde, Luis Barcala. El pleno ordinario de mayo ha estado marcado por los enfrentamientos verbales, los reproches desde la oposición y un ambiente crispado que se ha trasladado tanto al salón de plenos como al público asistente.
Barcala ha protagonizado varios momentos de visible enfado durante la sesión. El alcalde ha irrumpido en diversas ocasiones a concejales de la oposición, mostrando una actitud especialmente dura con representantes vecinales y colectivos que tenían previsto intervenir en el pleno. La tensión fue creciendo conforme avanzaban los debates y las preguntas relacionadas con algunos de los asuntos más controvertidos de las últimas semanas.
El trasfondo político del pleno ha estado inevitablemente condicionado por la huelga educativa, las quejas vecinales y el escándalo relacionado con la adjudicación de viviendas de protección pública del residencial Les Naus, un asunto que ha situado al gobierno municipal bajo una fuerte presión política y mediática. Las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el ejecutivo local no han logrado rebajar las críticas de los grupos de la oposición, que aprovecharon la sesión para insistir en sus exigencias de transparencia y depuración de responsabilidades.
Una de las preguntas más incómodas de la jornada fue formulada por la portavoz socialista, Ana Barceló, quien preguntó directamente al alcalde si piensa impulsar finalmente la prohibición del acceso de cargos públicos a la adjudicación de viviendas protegidas, tal y como anunció públicamente días atrás. La cuestión puso nuevamente el foco sobre la polémica de las VPP y evidenció el desgaste político que está generando el caso dentro del consistorio.
La vivienda también apareció en otra de las declaraciones institucionales impulsadas por Compromís, que reclamó revertir la adjudicación de la promoción de viviendas de la parcela municipal de la calle Ceuta, reabriendo así el debate sobre la gestión del suelo público y las políticas de acceso a la vivienda en la ciudad.
Además de la controversia urbanística, el pleno abordó numerosos asuntos relacionados con la gestión municipal. Destacó la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista a la concejala de Comercio, Lidia López, para explicar la falta de personal y el deterioro de los mercados municipales, una situación denunciada desde hace meses por vendedores y usuarios.
Otro de los asuntos que generó coincidencia entre varios grupos políticos fue la preocupación por la situación económica de la asociación ANILIA y del centro especial de empleo Alicantino Poda. Tanto PSOE como Vox reclamaron al equipo de gobierno el pago urgente de las cantidades adeudadas para garantizar la viabilidad del servicio y evitar consecuencias laborales.
En materia de movilidad, el PSOE presentó una declaración institucional contra el nuevo contrato de transporte interurbano CV-207 impulsado por la Generalitat Valenciana, al considerar que reducirá frecuencias y empeorará conexiones estratégicas como la línea al aeropuerto o los trayectos hacia el Hospital de Sant Joan.
El pleno también dejó espacio para debates sobre limpieza urbana, infraestructuras educativas, el estado de las instalaciones deportivas de Juan XXIII, el futuro de la sala de estudio de la calle San Fernando o la situación medioambiental del emisario del Rincón de León.
Sin embargo, más allá del contenido formal del orden del día, la imagen que volvió a proyectar el Ayuntamiento fue la de un gobierno incómodo ante las críticas y cada vez más tensionado políticamente. Las preguntas incómodas aumentan y las respuestas del alcalde son cada vez más contundentes. El ambiente vivido este jueves en el salón de plenos refleja una legislatura que entra en una fase de máxima crispación.
