La polémica por la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en Alicante a cargos municipales y personas vinculadas al Ayuntamiento ha escalado hasta el plano autonómico. Este viernes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, calificó de “grave” la situación y confirmó que la administración autonómica ha solicitado informes técnicos para verificar si los adjudicatarios cumplían con los requisitos legales exigidos para acceder a estas viviendas.
Pérez Llorca, preguntado durante una visita institucional a Ontinyent (Valencia), defendió la actuación de su gobierno en el proceso de supervisión de las adjudicaciones, asegurando que “lo primero que ha hecho la Generalitat es pedir un certificado a los técnicos para que certifiquen si todas las personas que han recibido una de esas viviendas cumplían o no los requisitos”. A la vez, reconoció que la polémica tiene “dimensiones preocupantes” dadas las sospechas de trato de favor.
Dimisiones y críticas
La controversia se desató tras conocerse que varios beneficiarios de una promoción de VPO en Playa de San Juan, entre ellos una concejala de Urbanismo, un arquitecto municipal y familiares de una alta funcionaria del consistorio, figuran entre los adjudicatarios de estas viviendas situadas en La Condomina, una de las zonas más demandadas de la ciudad.
En los últimos días se han producido ya dos dimisiones vinculadas al caso: la de María Pérez-Hickman, directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, y la de Rocío Gómez, concejala de Urbanismo, quien argumentó que dejaba el cargo para facilitar la investigación en curso.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ordenado la apertura de un expediente interno para aclarar los hechos y ha prometido que trasladará cualquier indicio de irregularidad a la Fiscalía si se detecta “la mínima sospecha”.
Cruce de responsabilidades
La polémica ha generado un fuerte cruce de acusaciones entre administraciones. Barcala ha apuntado a la Conselleria de Vivienda y ha reclamado un endurecimiento de los controles en los procesos de adjudicación de vivienda pública, al tiempo que, según fuentes municipales, ha descartado tomar medidas disciplinarias contra los implicados hasta conocer el resultado de la investigación.
Por su parte, los grupos de la oposición —incluyendo PSPV, Compromís y Sumar— han exigido transparencia total en las adjudicaciones y han anunciado intentos de llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción y solicitar comparecencias en el Parlamento autonómico.
Además, formaciones como VOX han pedido la depuración de responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a la concesión de estas viviendas, señalando la necesidad de “verdad y claridad” en todo el proceso.
Contexto urbano y social
La polémica se produce en un momento en que Alicante afronta una profunda crisis de acceso a la vivienda, con largas listas de espera para vivienda pública, especialmente en zonas de alta demanda como Playa de San Juan. La adjudicación de estas viviendas, la primera promoción de VPO en la ciudad en más de dos décadas, ha puesto en el centro del debate la gestión y transparencia en las políticas de vivienda pública, un asunto sensible para amplios sectores de la ciudadanía.
