Hay cosas que deberían estar ya aprendidas. Cada verano Alicante está condenada a repetir los mismos errores cuando se trata de garantizar derechos básicos a las personas con movilidad reducida. El retraso en la puesta en marcha del servicio de baño adaptado en las playas municipales es ya algo habitual.
¿Habría que ponerles una marca visible en el calendario al alcalde Barcala y a su concejala de Playas Ana Poquet? El verano empieza para todos el mismo día. Si el Ayuntamiento activa el 1 de junio los servicios de socorrismo, las hamacas, los lavapiés o los dispositivos especiales de vigilancia, esa misma fecha debería marcar también el inicio del servicio de baño asistido para personas con movilidad reducida. Ni un día después. Ni una semana después. Mucho menos un mes más tarde como han previsto. No el 1 de julio.
Cuando un servicio esencial para un colectivo específico se retrasa mientras el resto de usuarios ya disfruta plenamente de las instalaciones, no estamos ante una simple cuestión organizativa, administrativa o de fallo en la función. Se trata de una desigualdad evidente que alerta sobre la discriminación a una parte de la población. Especialmente cuando afecta a personas que ya soportan diariamente numerosas barreras en su relación con la ciudad.
Las personas con discapacidad y con problemas de movilidad no parten de la misma posición que el resto de vecinos. Alicante acumula déficits de accesibilidad que cualquier paseante puede comprobar. Aceras difíciles de transitar, rampas insuficientes o mal ubicadas, obstáculos urbanos permanentes y edificios públicos que todavía presentan dificultades de acceso. Muchas dependencias municipales siguen siendo inaccesibles para una parte de la población.
Resulta especialmente grave que, además de convivir durante todo el año con estas limitaciones, las personas que necesitan asistencia para disfrutar del baño en el mar tengan que esperar semanas adicionales para acceder a un servicio que debería estar garantizado desde el primer día de la temporada.
No es un privilegio. Es un derecho. Las playas accesibles no son una concesión generosa de la administración de turno. Son una obligación de cualquier municipio que aspire a ser inclusivo. Detrás de estos servicios hay personas con enfermedades degenerativas, vecinos que han sufrido accidentes, ciudadanos con discapacidades de nacimiento, personas mayores con movilidad reducida o quienes han visto deteriorada su condición física con el paso del tiempo. La accesibilidad no es una opción de la gestión política. Es un principio recogido en la legislación española y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que obliga a las administraciones públicas a garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Y todos ellos tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a disfrutar de la playa y del mar.
Existe además una contradicción difícil de entender. Alicante presume con frecuencia de su capacidad turística, de la calidad de sus playas y de su condición de destino abierto y acogedor. Esa imagen pierde credibilidad cuando determinados servicios básicos llegan tarde precisamente para quienes más los necesitan.
Las personas con discapacidad también son turistas. También llenan hoteles, consumen en restaurantes, compran en los comercios locales y visitan nuestras playas acompañadas de familiares y amigos. Son vecinos, clientes y visitantes. Forman parte de la actividad económica de la ciudad exactamente igual que cualquier otro colectivo. Si algunos responsables públicos prefieren medir las cosas en términos de impacto económico, convendría recordarles también esta realidad.
El problema va más allá del retraso en la activación. Lo preocupante es la sensación de improvisación que transmite la puesta en marcha del servicio. Activarlo de oficio, sin una revisión exhaustiva previa de las instalaciones, sin comprobar que todo funciona correctamente y sin mostrar siquiera una mínima empatía institucional hacia los usuarios transmite un mensaje preocupante: que este asunto ocupa un lugar secundario en las prioridades municipales.
Y ahí está la cuestión de fondo. La accesibilidad no puede gestionarse como un trámite. No puede depender de que alguien recuerde una fecha o de que un contrato haya sido diseñado con una planificación insuficiente. Si el Ayuntamiento conoce con antelación cuándo comienza la temporada alta, también conoce con meses de margen cuándo debe estar operativo cada uno de los servicios asociados.
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Escudarse después en cuestiones contractuales o administrativas solo evidencia una mala planificación. Los contratos los redacta y los adjudica la propia administración. Si existe una descompensación temporal entre los servicios generales de playa y los destinados a personas con movilidad reducida, esa descompensación era perfectamente previsible y, por tanto, evitable.
Conviene hacerles una marca en el calendario para recordarles una obligación. La de garantizar que el próximo verano no vuelva a producirse la misma frustración entre quienes año tras año esperan poder disfrutar de la playa en igualdad de condiciones.
La verdadera calidad de una ciudad no se mide por sus campañas de promoción ni por los titulares institucionales con los que se saca pecho. La calidad de una ciudad se mide por cómo trata a quienes más apoyo necesitan. Y en esa evaluación, Alicante sigue llegando tarde.
