El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido una equiparación en el trato económico a las familias de las víctimas de la DANA de octubre de 2024 con el que reciben los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al considerar “vergonzosa” la diferencia en las cuantías previstas por el Gobierno de España.
Durante la gala de los premios Regadío Valenciano 2026, Pérez Llorca criticó duramente las diferencias en las indemnizaciones y afirmó que no entiende “cómo puede haber víctimas de primera y de segunda”. Según explicó, la cuantía que percibirán los familiares de los fallecidos en el siniestro ferroviario es aproximadamente tres veces superior a la que recibirán los de la DANA, una situación que, en su opinión, “merece explicaciones y, sobre todo, rectificaciones” por parte del Ejecutivo central.
El paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz y Gelida contempla indemnizaciones que pueden rondar los 216.000 € por persona fallecida, distribuidos entre ayudas directas, anticipos del seguro obligatorio y compensaciones adicionales, así como compensaciones variables para heridos según la gravedad de las lesiones.
Por el contrario, las indemnizaciones ligadas a la tragedia climática de la DANA están fijadas en cifras sensiblemente menores, lo que ha generado un intenso debate político en la Comunitat Valenciana en torno a la justicia y equidad en el reconocimiento de las víctimas.
Respuesta del Gobierno y réplicas políticas
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha evitado explicar las razones concretas de esta disparidad, remitiendo la cuestión al Gobierno central para que aclare los criterios de las indemnizaciones, lo que ha alimentado la polémica.
Desde Madrid, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha respondido con dureza a la crítica de Pérez Llorca, acusándole de “falta de sensibilidad” y de politizar la tragedia al comparar dos situaciones que, en su opinión, “no tienen nada que ver”. Bernabé también ha señalado que “lo que ha pagado el Gobierno de España para unos y para otros es exactamente lo mismo” y ha acusado a la Generalitat de no haber implementado mecanismos de indemnización propios para las víctimas de la DANA.
Reacciones y movilizaciones sociales
La exigencia de Pérez Llorca se produce en un contexto de creciente malestar social. Asociaciones de víctimas de la DANA, junto con colectivos sociales, protagonizaron recientemente una manifestación en la horta sud valenciana bajo consignas que demandan “verdad, justicia y reparación”, y denunciaron la gestión política de la catástrofe de 2024, así como la falta de respuesta por parte de las instituciones.
Simultáneamente, otra marcha bajo el lema “Mazón a presó” ha exigido al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que renuncie a su acta de diputado y declare ante la justicia, en un clima de tensión política que señala tanto a gobiernos autonómicos como al central por la gestión de la DANA y las indemnizaciones.
El debate de fondo
La controversia ha abierto un debate más amplio sobre el reconocimiento institucional y económico de las víctimas tras tragedias con gran impacto humano y social, y plantea interrogantes sobre cómo se determinan las ayudas públicas en casos de catástrofes naturales frente a siniestros derivados de fallos o accidentes en infraestructuras.
El Consell valenciano mantiene su exigencia de que el Gobierno rectifique para garantizar un trato más homogéneo y digno a todas las familias afectadas por tragedias recientes en España.
