El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, vuelve a situarse en contra del reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta entre las comunidades autónomas. El jefe del Consell ha rechazado que la Comunitat Valenciana participe en este mecanismo y ha defendido que la respuesta debe pasar por el cumplimiento de la legislación y por la búsqueda de soluciones que permitan la reagrupación familiar.
Pérez Llorca se ha pronunciado este martes tras asistir a un acto oficial de la Policía Nacional y, preguntado por los periodistas sobre la llegada de estos menores a otras autonomías, ha mantenido una posición tajante.
“No es un problema de inmigración, se trata de una invasión”, ha afirmado el president, en referencia a la entrada masiva de personas en Ceuta a finales del pasado mes de julio. Pérez Llorca sostiene que la dimensión de la crisis exige una respuesta distinta a la gestión ordinaria de los flujos migratorios y reclama que se garantice la seguridad y el cumplimiento de la legislación.
El presidente de la Generalitat también ha defendido la reagrupación familiar como una de las principales vías para resolver la situación de los menores. “Los niños donde mejor están es con sus padres”, ha señalado, reclamando que se activen los mecanismos diplomáticos y legales necesarios para facilitar su retorno cuando proceda.
La posición de la Generalitat llega en plena disputa entre el Gobierno central y los territorios sobre cómo afrontar la situación de los menores que permanecen en Ceuta. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene que deben tramitarse de manera individualizada los expedientes para determinar si procede la reagrupación familiar, la protección internacional u otras soluciones previstas legalmente.
El Gobierno central ha informado de que más de 2.000 menores habían sido ya filiados y atendidos en Ceuta a mediados de septiembre, mientras que entre 700 y 1.000 podían continuar en las calles de la ciudad. Además, el Ministerio de Juventud e Infancia ha planteado el traslado a la Península de 500 menores a través de entidades especializadas, una propuesta que requiere la autorización del Gobierno de Ceuta.
La crisis se originó tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Gobierno ha aprobado medidas extraordinarias para reforzar la atención a los menores y acelerar los procedimientos administrativos y de retorno. El Real Decreto-ley aprobado en septiembre cifra en alrededor de 1.500 los menores extranjeros no acompañados atendidos inicialmente por el sistema de protección de la ciudad y contempla recursos adicionales para afrontar la situación.
En paralelo, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para facilitar la entrega de las personas que entraron irregularmente en Ceuta. Desde el Ministerio del Interior se ha señalado que los procedimientos de retorno deben realizarse conforme a la legislación aplicable.
En este contexto, Pérez Llorca mantiene el rechazo del Consell a asumir el traslado de estos menores y reclama que la solución pase prioritariamente por la reagrupación con sus familias y por el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
