audiencia provincial
La acusación pública califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa y solicita para el acusado una pena de dos años de prisión

La Audiencia Provincial de Alicante juzgará este jueves, 9 de julio, a un empresario de Monóvar acusado de un presunto delito de estafa por, supuestamente, emitir una treintena de pagarés sin intención de hacer frente a su pago para saldar una deuda superior a los 48.000 euros.

La vista oral está prevista a las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.

Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el procesado libró un total de 30 pagarés entre los meses de abril y julio de 2016 con el objetivo de liquidar una deuda que mantenía con otra sociedad mercantil. Sin embargo, la Fiscalía considera que, en el momento de emitir esos documentos de pago, el empresario ya era consciente de que no iba a atender su vencimiento, por lo que entiende que actuó con ánimo defraudatorio.

La acusación pública califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa y solicita para el acusado una pena de dos años de prisión. Asimismo, reclama que indemnice a la empresa perjudicada por el importe económico presuntamente defraudado, que supera los 48.000 euros.

El procedimiento se enmarca en un supuesto de utilización fraudulenta de pagarés, un instrumento mercantil que constituye una promesa escrita de pago y cuyo incumplimiento, por sí solo, no implica necesariamente responsabilidad penal. No obstante, cuando se acredita que dichos documentos fueron emitidos desde un principio sin intención real de abonarlos y con la finalidad de inducir a error al acreedor, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa, conforme al Código Penal español.

Será la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante la encargada de valorar durante el juicio las pruebas practicadas y determinar si concurren los elementos necesarios para apreciar la existencia del delito que atribuye la Fiscalía. Hasta que recaiga sentencia firme, el acusado mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia.

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