La educación pública valenciana vive desde este lunes una nueva escalada de tensión con el inicio de la huelga indefinida convocada en toda la Comunitat Valenciana por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el respaldo de ANPE. La protesta afecta a toda la enseñanza pública no universitaria y llega tras semanas de negociaciones sin acuerdo entre la Conselleria de Educación y los representantes del profesorado.
La primera jornada de paro está marcada por piquetes informativos y movilizaciones en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, las concentraciones están convocadas a las 12:00 horas en las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante y en la Plaza dels Algeps de Elche. Previamente, los sindicatos han organizado piquetes a las puertas de los centros educativos: a las 8:00 horas en institutos de Secundaria y a las 9:00 horas en colegios de Primaria.
El calendario de protestas continuará durante toda la semana. Para el martes 12 se ha programado una pegada de carteles reivindicativos y encierros en los centros educativos, mientras que el miércoles 13 de mayo habrá concentraciones frente al Palau de la Generalitat y las delegaciones del Consell, incluida la Casa de las Brujas en Alicante. El jueves las protestas se trasladarán a las direcciones territoriales de Educación y el viernes culminarán con una gran manifestación unitaria en València.
La huelga indefinida llega después del fracaso de la última reunión mantenida entre sindicatos y Conselleria. Los representantes sindicales rechazaron la propuesta económica presentada por la Administración autonómica, que planteaba una subida progresiva de 75 euros brutos mensuales hasta 2029, a razón de unos 25 euros más cada año. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta y reclaman mejoras salariales, reducción de ratios, menos burocracia y un refuerzo de plantillas e infraestructuras educativas.
Otro de los principales focos de conflicto son los servicios mínimos fijados por la Generalitat, especialmente en 2º de Bachillerato. La resolución obliga a garantizar todas las actuaciones relacionadas con la evaluación final y el acceso a la EBAU, incluyendo correcciones, firmas de actas y tramitación de reclamaciones. Las organizaciones sindicales consideran que estas medidas son “abusivas” y han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El sindicato STEPV ha denunciado además la “indefinición y ambigüedad” de la resolución y ha facilitado modelos de reclamación al profesorado de Bachillerato para exigir aclaraciones sobre qué actuaciones se consideran realmente imprescindibles.
La normativa de servicios mínimos establece que cada centro educativo público deberá contar con un miembro del equipo directivo sin docencia y un mínimo de docentes por etapa educativa. En Infantil y Primaria se fija al menos un profesor por cada cuatro unidades, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se exige un docente por etapa y un mínimo de uno por cada diez unidades. También se garantiza personal administrativo y parte de las plantillas de comedor y atención especial para asegurar el funcionamiento básico de los centros.
Desde la Conselleria de Educación, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha defendido que la Generalitat “ha estado abierta al diálogo en todo momento” y ha apelado a la “responsabilidad” del profesorado durante las jornadas de huelga. McEvoy ha lamentado que algunos sindicatos abandonaran la última mesa negociadora sin escuchar las propuestas completas del Consell y ha insistido en que las puertas de la negociación siguen abiertas.
La convocatoria de huelga coincide además con la recta final del curso y con la preparación de las pruebas de acceso a la universidad, una circunstancia que ha incrementado la preocupación entre familias y alumnado. Mientras tanto, asociaciones de directores y plataformas educativas han reclamado a ambas partes que retomen el diálogo para evitar una mayor conflictividad en las aulas valencianas.
