La corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves una sesión extraordinaria y urgente del Pleno para exigir al alcalde, Luis Barcala, y al equipo de gobierno explicaciones detalladas sobre las presuntas irregularidades detectadas en las adjudicaciones de Viviendas de Protección Pública (VPP) del Residencial Les Naus, situado en Playa de San Juan.
La convocatoria, solicitada por los grupos de la oposición tras el escándalo que ha sacudido al consistorio, tiene como objetivo arrojar luz sobre el proceso de adjudicación de estas viviendas y la gestión realizada por el equipo de gobierno popular ante las crecientes sospechas de conflictos de interés y trato de favor hacia cargos públicos y familiares.
Contexto del escándalo
La polémica se desató después de que salieran a la luz informaciones periodísticas que señalaban que varios adjudicatarios de estas viviendas —promovidas sobre suelo público— mantendrían vínculos con empleados y cargos del Ayuntamiento. Entre los nombres que aparecieron figuran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (que ya ha presentado su dimisión), un arquitecto municipal y los hijos de otra alta funcionaria municipal.
Las sospechas van más allá del simple vínculo personal: informes internos municipales habrían alertado de posibles conflictos de interés, al constatar que algunos beneficiarios podrían haber participado, directa o indirectamente, en asuntos relacionados con la gestión de la promoción.
Denuncias ante Fiscalía y medidas en marcha
El Ayuntamiento, a través de su equipo de gobierno, ha trasladado el caso a la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investiguen las posibles irregularidades penales en el procedimiento de adjudicación de estas VPP. Así lo confirmaron fuentes municipales, que detallaron que se remitió una denuncia formal con el objetivo de que la autoridad judicial determine si ha existido algún delito en el proceso.
Además de la denuncia, la Generalitat Valenciana también ha detectado faltas de documentación e información en varios expedientes vinculados a las adjudicaciones, lo que podría poner en riesgo la validez de algunas adjudicaciones si se constata que no se cumplieron los requisitos legales exigidos para acceder a una vivienda protegida.
Debate político y exigencias de responsabilidad
Durante el pleno extraordinario, la oposición ha exigido al alcalde y al equipo de gobierno explicaciones claras y transparentes sobre el caso, así como el establecimiento de mecanismos más estrictos de control en futuros procesos de adjudicación. Partidos como Podem y Esquerra Unida han ido más allá, pidiendo la depuración de responsabilidades políticas e incluso la dimisión del propio alcalde, ante lo que consideran una gestión deficiente y falta de transparencia.
Por su parte, el PSPV-PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades que podrían constituir hasta cinco delitos —entre ellos prevaricación, conflicto de intereses y fraude a la Administración— y reclamó la apertura de una comisión de investigación para aclarar el alcance de los hechos.
Repercusiones institucionales
La tensión política generada por este asunto ya ha tenido consecuencias institucionales: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, presentó su dimisión tras la exposición pública de su vinculación como adjudicataria, y también la directora general de Contratación Pública del Ayuntamiento renunció a su cargo. Estas dimisiones se suman a otros movimientos, como la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario de la Generalitat Valenciana por tramitar de forma irregular una adjudicación a su propia esposa.
