El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para impulsar la Oficina de Apoyo a la Maternidad, con la firma de un convenio con la asociación RedMadre, una entidad dedicada al acompañamiento y asesoramiento de mujeres embarazadas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o dificultad social, ha encendido el debate entre las filas de los grupos de la izquierda en el Ayuntamiento de Alicante, que califican la medida como de acciones antiabortistas.
La iniciativa forma parte de las propuestas impulsadas por Vox dentro de las negociaciones presupuestarias y busca, según sus promotores, ofrecer un espacio de atención integral a mujeres gestantes que se sienten solas, carecen de recursos o necesitan orientación durante el embarazo y los primeros años de crianza. La formación considera que este servicio amplía las opciones de apoyo social existentes y proporciona información, acompañamiento psicológico y ayuda material a quienes deciden continuar con su embarazo.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte contestación por parte de los grupos de la oposición. PSOE, Compromís y Esquerra Unida han vuelto a cuestionar el proyecto al considerar que se trata de una “oficina antiaborto” promovida por organizaciones vinculadas al movimiento provida. Desde estas formaciones se sostiene que el convenio puede influir en la decisión de las mujeres respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y que supone la utilización de recursos públicos para respaldar posiciones ideológicas concretas.
La controversia no es nueva en Alicante. La creación de una oficina de apoyo a la maternidad fue una de las exigencias planteadas por Vox durante las negociaciones presupuestarias de 2024. Tras diversos informes técnicos y debates políticos, el proyecto fue evolucionando hasta materializarse posteriormente como un servicio dependiente de la Concejalía de Acción Social, destinado a prestar información y apoyo a mujeres embarazadas y familias con menores de hasta tres años.
Desde el equipo de gobierno municipal defienden que la oficina no limita ningún derecho reconocido por la legislación vigente y que su objetivo es exclusivamente asistencial. La concejalía responsable ha insistido en ocasiones anteriores en que se trata de un recurso complementario dentro de la red municipal de servicios sociales, orientado a ofrecer acompañamiento a mujeres que atraviesan situaciones complejas durante la gestación o la maternidad.
Por su parte, Vox considera que el convenio con RedMadre permitirá mejorar la atención especializada a un colectivo especialmente vulnerable y recuerda que la entidad cuenta con experiencia en programas de apoyo a la maternidad desarrollados en distintos municipios españoles.
La firma del convenio vuelve así a evidenciar las diferencias ideológicas entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante. Mientras PP y Vox presentan la iniciativa como una herramienta de apoyo social y protección de la maternidad, la izquierda municipal mantiene que detrás del proyecto existe una estrategia destinada a dificultar el acceso de las mujeres a su derecho a decidir.
El debate, lejos de cerrarse, promete seguir ocupando buena parte de la agenda política municipal durante los próximos meses, coincidiendo con el desarrollo de los compromisos presupuestarios pactados entre populares y Vox.
